El Indert desembolsó la suma de G. 300 millones a favor de una fundación a la cual había denunciado en el 2017 ante el Ministerio Público por el manejo irregular de más de G. 400 millones, que tenían que ser destinados a un sistema de pozos artesianos.
El exdirector imputado y prófugo, Mario Vega y otros altos funcionarios, que según la fiscalía forman parte de un asociación criminal, pidieron US$ 25 dólares para entregar la plata.
El fiscal Luis Said en su imputación contra Vega, Diego Arnildo de los Ríos , José Luis Clerch (exjefe de gabinete), Aldo León (exdirector jurídico) y Pedro Martínez Benítez Almirón y Patricia Zulema Báez (ambos de la fundación Cerro Lambaré (FUCELA), detalló el papel que cumplía cada miembro de la banda instalada en el Indert para negociar la titulación de tierras y el desvío de fondos de la institución.
El agente del Ministerio Público explicó que el 28 de noviembre de 2014, Edelmira de Giacomi, directora ejecutiva y representante legal de Fucela, presentó una nota al entonces presidente del Indert, en la cual solicitó la ejecución de proyectos de sistema de abastecimiento de agua potable para asentamientos de Curuguaty, Canindeyú y San Pedro.
El monto total del proyecto era de 878.427.479 guaraníes y para su ejecución se firmó un convenio con el Indert, representado por su entonces presidente Justo Pastor Cárdenas, ahora acusado por enriquecimiento ilícito y lavado.
El 19 de mayo de 2015, la presidencia del Indert autorizó la primera transferencia que fue de G. 439.213.740, o sea el 50 por ciento.
Posteriormente, Fucela justificó el uso del dinero con una factura de la empresa “Eclosión Consultora Constructora”, de la cual es propietario el imputado Pedro Martín Benítez Almirón por la suma de G. 395.292.367 y con la presentación de la factura de de “F&F Asociados” respaldó el uso de G. 43.921.373.
El Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides), dependiente del Indert, rechazó la rendición de Fucela. Alegó que la misma no se ajusta al decreto que reglamenta la ley.
Posteriormente, la Fundación Cerro Lambaré presentó varias solicitudes para el segundo desembolso de más de G. 439 millones. Sin embargo, los pedidos fueron rechazados por la Junta de Vigilancia, atendiendo las anomalías detectadas por el Fides. La postura de la junta es vinculante, es decir que el presidente del Indert no puede autorizar el desembolso.
Ya bajo la presidencia de Vega, quien asumió el 8 de octubre de 2019, no remitió el expediente de Fucela al Fides como recomendó la Junta de Vigilancia, conforme a lo resuelto el 10 de julio de 2019.
Luego actúa en el expediente el abogado Aldo León, quien el 27 de diciembre recomendó el desembolso. “Si bien las obras no están en su estado de plenitud de conclusiva, este dictaminante considera que debe realizarse un primer pago parcial (G. 300.000.000) de la obligación contraída”, sostuvo León.
Los documentos después fueron remitidos a Diego De los Ríos, de la Dirección de Gabinete del Inder a cargo de José Luis Clerch el 11 de febrero de 2020. Clerch a su vez, por órdenes del presidente envió el expediente a la Gerencia a cargo de De los Ríos para proseguir los trámites.
El 13 de febrero De los Ríos envió los documentos a las Direcciones de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería. Ignoraron la intervención del jefe de Control y Seguimientos, Jorge Fabián Yegros, quien forma parte del esquema administrativo ya que es su atribución y deber verificar las documentaciones del proceso. Esto se dio después de Yegros haya hecho observaciones al expediente administrativo por falta de documentos respaldatorios.
Con la intervención de De los Ríos, la participación de la presidencia y la dirección de Gabinete, se generó la entrega de G. 300 millones a los representantes de Fucela, Pedro Benítez y Patricia Báez de Benítez.
La imputación refiere que el 14 de febrero a las 10.37, De los Ríos se comunicó por celular con Pedro Benítez, a quien le dijo que tenía el dinero y también le refirió que el presidente Mario Vega esperaba que cumpla con él, entregándole los 20 mil dólares. Pedro Benítez le respondió que iba a cumplir la promesa que le hice al presidente. Entonces, De los Ríos le solicitó US$ 5 mil, diciéndole que todo dependía de su firma y la de Vega. Benítez trató de reducir el monto pero finalmente aceptó pagar los 25 mil dólares, refiere el escrito del Ministerio Público.
Los detenidos y con prisión preventiva por ahora son León y Clerch.
Casi todos los involucrados en esta causa, también tienen otro proceso abierto que está a cargo del fiscal Rodrigo Estigarribia. En este caso se habla de un pedido de coima de US$ 200 mil para titulación de tres lotes de 4 mil hectáreas cada uno en el Chacho. Además pidieron que se les entregue un cuarto lote.
