La fiscala Victoria Acuña pidió la desestimación de la denuncia contra ex gobernador de Caazapá y actual diputado colorado, Avelino Dávalos por un presunto perjuicio patrimonial de G. 192 mil millones durante el periodo 2013-2018 a la gobernación. Se habla de que supuestamente hubo una fuerte injerencia política para el blanqueo del legislador de Honor Colorado.
Acuña, el 6 de noviembre pasado, solicitó al juez de garantías de Caazapá, Claudio Villalba, la desestimación de la denuncia contra Dávalos. Apuntó que la denuncia que hizo un grupo de concejales “constituiría apenas un juicio de valor sin contenido fáctico”. “Son meros juicios valorativos personales que no enuncian hechos, sino, y en todo caso, solo un sentimiento o afecto del sujeto que lo realiza”, refirió en su escrito la agente del Ministero Público.
Acuña resaltó que se tienen que señalar hechos para motivar la actuación de la fiscalía. “Por imperio del principio de legalidad, el hecho denunciado deberá corresponder a una conducta definida como delito en la ley vigente con anterioridad al suceso”, acotó.
Refirió que luego de la investigación que hizo no pudo encontrar indicios de hechos punibles de lesión de confianza y de apropiación, como habían denunciado un grupo de concejales.
En base a un informe final de auditoría externa, realizada por el licenciado Gustavo Adolfo Acuña Molinas, los ediles denunciaron a Dávalos. La auditoría comprendió el periodo 2013-2018 y detectó varias irregularidades que supuestamente fueron cometidas por el actual legislador.
La denuncia hizo referencia a un perjuicio de G. 192.187.375.600, entre los años 2014 y 2018. También se agregó la presunta apropiación de bienes por valor de G. 242.946.573, que saltó tras inventario de bienes.
La auditoría reveló que no se pudieron justificar G. 169.144.131.619, utilizados para “fines ajenos” a la competencia de la gobernación. Asimismo, apareció la disposición activa y discrecional de G. 3.897.350.106 que equivalen a una diferencia entre cheques emitidos por la Gobernación y lo obligado según ejecución presupuestaria.
Igualmente aparecen G. 1.993.634.128 en concepto de supuestas becas no registradas en la contabilidad de la gobernación, y otros G. 13.086.762.392 provenientes de la diferencia entre la ejecución presupuestaria de los gastos Royalties y la rendición de cuentas realizada ante Contraloría. En el rubro Fonacide aparecen G. 4.065.497.355 sin respaldo documental alguno, según la rendición ante Contraloría.
Apropiación de bienes de la gobernación fue de G. 242.946.573, según denuncia.
Está en manos del jueces Villalba concretar el blanqueo de Dávalos o no. El magistrado le puede dar trámite de oposición al pedido de Acuña, que si se da, la carpeta fiscal será remitida a la fiscala adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, para ratificar o rectificar la sugestiva solicitud realizada por la referida agente del Ministerio Público, que representa a la sociedad y cuyos intereses debe defender como precisamente se da en este caso, así como lo exigen la Constitución Nacional y la ley orgánica de la fiscalía.
