Una vez más, la Justicia tendenciosa y por demás generosa beneficia a aquellos que se enriquecen a costas del erario público, esta vez el favorecido fue el “Mecánico de Oro” Miguel Ángel Carballo, quién según el propio Tribunal de Sentencia cometió el hecho típico, antijurídico, reprochable y por ende punible de Enriquecimiento Ilícito comprobado en Juicio Oral y Público.
Sin embargo, a pesar de comprobarse el hecho punible, la decisión del Tribunal fue la de aplicar una pena irrisoria que roza la absolución de dos años y seis meses de pena privativa de libertad. Una sentencia que simboliza una nueva bofetada a la ciudadanía y por ende la impunidad del poder político.
Miguel Ángel Carballo, ligado al poder fáctico político fue prácticamente absuelto por un Tribunal de Sentencia quien básicamente lo «condecora» con dos años y seis meses de privación de libertad. El Ministerio Público presentó un cúmulo probatorio suficientes para comprobar el hecho punible y la culpabilidad del «Mecanico de Oro» y en consecuencia solicitó 6 años y 6 meses de cárcel.
Sin embargo en una circense y vergonzosa decisión que fue tomada de forma unánime por los jueces Víctor Medina, Olga Ruiz y Elsa García demuestran su compromiso con el sector político y el poder fáctico que maneja los hilos de la casa de Astrea.
La Justicia se muestra nuevamente complaciente, ya que el enriquecimiento ilícito es uno de los hechos más graves dentro de la administración pública, existe una ley que lo tipifica y lo sanciona como Crimen, estableciendo como marco penal la pena privativa de libertad de 1 a 10 años.
No obstante, los jueces hacen lo que se les antoja, no solamente en el caso de Carballo sino en muchos otros casos donde el poder político o económico ejerce su poder y arrodilla a los que deben dar mensajes claros a la corrupción dentro de la función publica.
«El hecho punible fue comprobado gracias al cúmulo probatorio presentado por el Ministerio Público” dijo en un momento dado el Presidente del Tribunal, Víctor Medina, durante el Juicio. Es decir, existían pruebas suficientes que comprobaron la consumación del hecho punible en cuestión, empero, aplicaron una insignificante condena. Entonces ¿qué tiene que haber para que se dé la pena máxima?, interrogante que tal vez podrían responder los Jueces de este Tribunal.
La Corte Suprema de Justicia en su carácter de Superintendente tiene una responsabilidad directa en este tipo de hechos, de sanciones a medidas, de condenas absurdas y burlescas. En su momento, se tuvo mucha esperanza en los nuevos integrantes de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez Simón, Cesar Diesel y Carolina Llanes.
No obstante, las esperanzas fueron trasmutando hasta volverse indignación, impotencia y rabia en la ciudadanía. Estos Ministros, al asumir el cargo, prometieron mucho, pero muy poco están haciendo para mejorar el Poder Judicial y salvar a la agonizante Diosa Astrea.
Hechos como la pena exigua al mecánico de oro, contrastan al maravilloso e impecable Poder Judicial que pintaba el Presidente de la Corte Alberto Martínez Simón en su resumen de gestión en el año pasado. Al parecer, el que trae la venda en los ojos es Martínez Simón, enceguecido y sumergido en su propia imaginación.
Es de suma necesidad que este tipo de hechos no pase desapercibido ante los ojos de la ciudadanía, quién debe exigir mayor responsabilidad a los que tienen a su cargo el juzgamiento de los corruptos y poseen en sus manos la posibilidad de marcar la diferencia. Los magistrados deben de tener como principal requisito la valentía a fin de hacer valer por sobre todo el Imperio de la Ley.
