Es lo que confirmó la Fiscal María José Pérez, debido a que la Jueza del caso, Isabel Bracho, se encuentra con Covid-19 positivo. Por esta razón, Raúl Mendoza, Intendente de San Antonio, seguirá aguardando la audiencia preliminar y determinar si la causa se eleva a Juicio Oral y Público. Esto en el marco del proceso por la supuesta comisión del Hecho Punible de Lesión de Confianza durante su administración en la Comuna de San Antonio.
A criterio de la Fiscal el caso tuvo varias suspensiones en cuanto al plazo máximo de la terminación del proceso, debido a las Apelaciones y Recursos presentados por la defensa del Intendente por lo que estarían a tiempo de finiquitar el caso sin el peligro de la prescripción de la acción. Recordemos que el hecho data del año 2016, cuando el mismo fue acusado tras faltante de más de 715 millones de guaraníes, correspondiente al almuerzo y merienda escolar, como las irregularidades en la construcción de aulas en las escuelas.
Según comentó la Fiscal la defensa del Intendente habría presentado varios recursos dilatorios, como la recusación de la Fiscal en cuatro ocasiones, incidentes, apelaciones, por lo que en este tiempo no corren los plazos del artículo 136 del C.P.P.. Se debe realizar los cálculos exactos de las suspensiones que sufrió el caso durante el proceso.
El Intendente Raúl Mendoza, fue convocado el lunes 11 de enero para una audiencia preliminar tras ser acusado por el supuesto hecho de Lesión de Confianza. Pese a su proceso Judicial, el mismo continua al frente de la Intendencia de San Antonio.
El Ministerio Público alega que se pudieron colectar las pruebas sufiecientes para sustentar la comisión de las irregularidades y por ende la Lesión de Confianza, por lo que incursionó el hecho en el tipo agravado que tiene una espectativa de pena de hasta 10 años.
La Fiscal Pérez, dijo que durante la investigación se pudo obtener pericias contables y de auditoría externa que dieron un resultado final de la existencia del daño patrimonial, constatando la existencia de sobrefacturación en las construcciones de aulas, además de varios informes del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República que sustentan la hioótesis del Ministerio Público, finalizó la Agente Fiscal.
