Una intervención ordenada por la Corte detectó posibles desvíos en la Dirección de Suministros del Poder Judicial. Los ministros resolvieron enviar los antecedentes al Ministerio Público para la apertura de una investigación penal, además de agregar a un sumario abierto las conclusiones del interventor abogado Joel Brizuela, que revelan una serie de irregularidades.
De acuerdo a los datos proporcionados por el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, al pleno de la máxima instancia judicial durante años se viene comprando tóner por G. 141 millones, para máquinas inexsistentes.
El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, puso a disposición de los ministros presentes el informe final de la intervención al departamento de Suministro y Control de Bienes presentado por el interventor Joel Brizuela, que recomienda sea remitido a la Superintendencia de Justicia, para ser anexado al sumario abierto a los funcionarios involucrados. Refirió que los funcionarios presuntamente involucrados fueron separados del cargo.
“Es escandaloso, es gravoso realmente, está detallado, más allá de los montos que son exorbitantes, está la disponibilidad de bienes del Estado paraguayo. Se pidieron determinado bienes para determinadas máquinas y no había tales máquinas”, señaló el ministro César Garay.
El doctor Eugenio Jiménez Rolón refirió que en el informe no se observa la versión de los afectados y pidió que se les escuche a los funcionarios. Aclaró que no le defiende a nadie en particular y que su solicitud es por “una cuestión de justicia”.
