El fiscal Federico Delfino señaló que existen elementos objetivos que hacen presumir la implicancia de tres efectivo policiales en la comisión de extorsión y otros hechos punibles. El agente del Ministerio Público señaló que se están realizando una serie de diligencia para descartar o fortalecer la vinculación de los uniformados en el caso.
«Hay un acta de procedimiento irregular que hizo el personal policial bajo la supuesta figura de la demora donde le piden la identificación de la otra víctima, pareja de la señora, quien no tenía ni su cedula de identidad ni los documentos del vehículo en el que estaban circulando y sin la presentación de esos documentos, lo liberan», expresó Delfino.
El agente del Ministerio Público enfatizó: «Esto es un elemento que nos genera mucha sospecha sobre el actuar del personal policial. La figura de la demora no existe en ningún código, en ninguna ley y, aún así, lo demoraron. Hay un procedimiento sospechoso y mal realizado».
En la causa están imputados y con prisión preventiva el subcomisario Víctor José Luis Velázquez Vera, la suboficial primero Liz Marlene González Belotto y el oficial ayudante Juan Javier Arévalos Sosa. Según la denuncia, los mismo habrían solicitado la suma de G. 50 millones a las supuestas víctimas Mirtha Isabel Torres Alfonso y Osvaldo Ramón Peralta Acosta.
La imputación hecha por el fiscal Delfino fue por los supuestos hechos punibles de extorsión, extorsión agravada, asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, cohecho pasivo agravado y realización del hecho por funcionario.
«Tenemos suficientes elementos de sospecha que a fin de no ejecutar las órdenes de captura que esta persona tenía, exigieron esa suma de dinero», indicó.
El mismo manifestó que existiría todo un esquema montado para realizar este tipo de procedimientos: «Luego de este procedimiento, varias personas, a través de llamadas telefónicas, me denunciaron este comportamiento irregular de estos agentes policiales. Esto sería una cuestión sistemática»
«No hay que desvaluar la condición de víctima por los antecedentes que tenga. Este tipo de procedimientos mal realizados podría convertir al peor criminal en víctima», sentenció.
Las víctimas fueron detenidas por los uniformados frente a una escribanía ubicada sobre las calles 11 de septiembre y Juan de Leopardi, de la ciudad de Fernando de la Mora, y trasladados hasta la sede de la Brigada Central a bardo de una patrullera de la Policía Nacional. Una vez en el lugar, los agentes policiales solicitaron el pago de G. 50 millones para liberarlos y no ejecutar las órdenes de captura que la mujer tenía.
