La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros César Diesel, Antonio Fretes y Gladys Bareiro, suspendió los efectos de la resolución de la Cámara de Apelaciones, Primera Sala, por la cual se revocó una disposición del juez Humberto Otazú en la que se concedió el arresto domiciliario y permiso para trabajar a la procesada por lavado de dinero, María Selva Morínigo, esposa del exfiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, enjuiciado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Los antecedentes revelan que Otazú le había concedido un permiso especial a Morínigo, para salir a trabajar los días martes y jueves de 08:00 a 14:00 horas. Por otro lado, le denegó la autorización para trasladarse a la agroganadera “Lagunita”, ubicada en el Chaco, de jueves a lunes. Esta últma decisión fue apelada y el expediente subió a la Cámara.
Los integrantes de la Primera Sala, Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos, revocaron la resolución del juez y efantizaon que un encausado no puede cumplir arresto domiciliario, que en el futuro se cuenta el tiempo que estuvo privado de su libertad, y contar con un permiso especial para trabajar.
“No se puede pretender que una persona esté cumpliendo una medida de arresto domiciliario -que en un futuro probable pudiera ser utilizado el tiempo que estuvo privado de libertad en su beneficio- cuando en realidad solo estuvo privado de libertad la mitad del día”, señalaron los magistrados, que resaltaron que “la normativa penal no permite permisos para trabajar cuando se concede arresto domiciliario como medida alternativa a la prisión”.
Contra la decisión de la Cámara, la defensa presentó una acción la Sala Constitucional, en donde solicitó como medida de urgencia la suspensión de los efectos de la decisión de segunda instancia.
El 04 de marzo pasado, los ministros Fretes, Diesel y Bareiro, concedieron la medida de urgencia y suspendieron los efectos de la decisión de la Cámara de Apelación. Con la decisión de la Sala Constitucional, queda vigente la resolución del juez Otazú, por la cual se le otorgó permiso para trabajar a Morínigo dos días a la semana.
Según la investigación fiscal, Diaz Verón tuvo un ascenso económico importante luego de asumir como fiscal general: hizo inversiones en una estancia (G. 3.000 millones), compró vehículos lujosos, en la empresa Canto Rodado S.A. constan como accionistas la esposa e hijos del mismo con un total de G. 2.500 millones, etcétera, según la acusación que presentó el Ministerio Público. Su esposa figura como cómplice.
