El exministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, calificó de “mugre procesal” a la causa por la cual enfrentará Juicio Oral y Público por un supuesto hecho de Prevaricato cuando era ministro de la máxima instancia Judicial. El mismo resalta que es un “condenado por opiniones” y no descarta acudir a instancias internacionales.
“Esta es una mugre procesal, que tiene mucho tinte de persecución política de las tantas que ya he recibido en mi vida. Todo por patrañas de políticos que querían colocar a sus adeptos en la Corte Suprema de Justicia”, manifestó el exministro a Radio PDS Digital.
Los abogados Milner Núñez y Ricardo Preda, abogados de Víctor Núñez y Sindulfo Blanco respectivamente, habían solicitado el sobreseimiento definitivo para los ex ministros, sin embargo, el juez rechazó el pedido. En ese sentido, Sindulfo Blanco declaró que las opiniones de los ministros vertidas en un proceso no son enjuiciables, ya que existe unanimidad absoluta.
“Yo soy un condenado por opiniones, por las opiniones que emití en mis fallos, no por mala conducta ni por deshonesto”, resaltó. Además, lamenta que, después de haber ejercido durante 29 años la magistratura, termine de esta manera su carrera.
Ante la consulta de si recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respondió que “estoy viendo con la comisión interamericana, por lo menos hasta ahora ha tenido una actitud correcta y prescindente. He resuelto con los méritos cada caso”.
Por otro lado, criticó la morosidad de la Sala Constitucional, ya que, según declaró, hace más de dos años presentó una acción de inconstitucionalidad por los fallos de primera y segunda instancia, que establecía que podía ser enjuiciado, y que a la fecha no cuenta con ministro tratante ni providencia. “Tiene un año y medio de paralización con el agravante de que el ministro César garay irresponsablemente, al solo efecto de saber si iba a aceptar o no, tuvo 8 meses”, indicó.
EL CASO. En el año 2016, los fiscales René Fernández, Luis Piñanez y José dos Santos habían presentado la imputación contra los citados ex ministros de la Corte y en noviembre del 2018, el juez Miguel Tadeo Fernández admitió la imputación. Actualmente, el fiscal que lleva el caso es Francisco Cabrera.
El caso del presunto prevaricato deriva en una denuncia de Peter David Kennedy, quien fue condenado en primera instancia por apropiación, lesión de confianza, abigeato y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio oral.
La defensa de Kennedy y la querella por parte de la ganadera Douglas S. A, había presentaron recurso de casación ante la Sala Penal, donde la ministra Alicia Pucheta declaró inadmisible el mencionado recurso, que ordena un nuevo juicio oral y no da por terminado el proceso. Blanco sí admitió la casación y redujo la pena de Kennedy de 6 a 2 años y medio de prisión, solo por el hecho de lesión de confianza. Víctor Núñez se adhirió a este voto.
Tras una investigación de los fiscales de la unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción habían investigado todos los votos de Blanco y efectivamente, en 123 casos similares al de Kennedy votó por la inadmisibilidad y reenvió para un nuevo juicio, por lo que se dedujo que cambió drásticamente el sentido de su resolución en este presente caso.
