El fiscal de Boquerón, Andrés Arriola admitió que la destrucción de evidencias es atribución de un juez de garantías, pero que se vio obligado aquel 25 de febrero pasado, a ordenar la inutilización de algunos elementos incautados, en este caso una avioneta, una camioneta, 34 tambores de acetona, en un procedimiento realizado en la estancia El Tigre, en Alto Paraguay, Chaco que pertenecería a Jarvis Chimenes Pavao. Los 1.344 kilos de cocaína que se encontraron, fueron traídos en su totalidad hasta la base de la FOPE en Asunción.
El representante del Ministerio Público explicó que elevó un informe a la jueza Rosarito Montanía que existía un pronóstico de lluvia importante en esa zona, que los caminos son intransitables y que es imposible que un camión de gran porte llegue al lugar para trasladar las evidencias a Asunción, 950 kilómetros.
En su informe, el fiscal indica que “la única que posee la disposición legal, la facultad jurisdiccional de la destrucción, es la jueza, empero, sin que este actuar implique una renuncia a los mandatos normativos penales y mucho menos a la vuestra señoría, mi persona haciendo reflexión sana y analizando críticamente la situación, y escuchando los consejos del personal policial, que acompañaron el procedimiento (SIU, FOPE, Antinarcóticos y Crimen Organizado), observando el lugar inhóspito e incomunicado (carente de cualquier comunicación telefónica), donde se efectuó el procedimiento, en la frontera con Bolivia, y sobre todo la importancia del nivel económico de 1.344 kilos de cocaína y el peligro latente que la organización criminal intente rescatar por la fuerza la carga, poniendo en riesgo la vida de los intervinientes y ya caía la noche y que se acercaba una tormenta”.
Agregó además que los policías que acompañaron el procedimiento, le recomendaron quemar lo incautado. Esta situación llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que derivó el caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y a la fiscalía General del Estado.
En contacto con el programa En el Imperio de la Ley por PDS Radio y Tv Digital, el mencionado agente fiscal explicó que fue comisionado por el adjunto antidrogas para ese trabajo, llegaron hasta la estancia El Tigre, a 400 kilómetros de Filadelfia, en la zona de Nueva Asunción, ya que se tenía la información del arribo de una avioneta boliviana. En el lugar se habló con el capataz, quien manifestó que un día antes ya se realizó un allanamiento por abigeato, donde siete personas fueron detenidas.
“Recorrimos el lugar, fuimos por una picada 10 kilómetros, donde encontramos una pista clandestina, el capataz nos dijo que era custodiada por el Primer Comando Capital (PCC), habría riesgo de enfrentamiento. En el lugar encontramos la avioneta averiada, con un ploteado, con calcomanías, posteriormente hicimos un recorrido y encontramos 30 bolsas de arpillera con ladrillos de cocaína, luego otras 12 bolsas”, dijo Arriola.
El agente del Ministerio Público indicó que son 20 mil hectáreas del inmueble y según se dice que sería de Pavao.
“Lo que nosotros hicimos fue inutilizar las evidencias que quedaron en el lugar, o sea a la avioneta le destruimos las ruedas y se quemó parcialmente, así también a la camioneta, lo que se quemaron fueron los tambores de combustible aviación”, dijo Arriola.
El agente fiscal dijo que la carga tenía una cotización de 10 millones de dólares y que efectivamente el grupo criminal iban a intentar rescatarlo y al no haber comunicación, se decidió inutilizar lo incautado.
“La totalidad de la carga fue enviado a Asunción, yo fui a la intervención con síntomas de Covid, inclusive le contagié a algunos efectivos y ahora quieren mi cabeza, pero tengo todo documentado el procedimiento y le envié a mi adjunto”, señaló Arriola.
