La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez había conformado un equipo de fiscales para la investigación del robo de medicamentos en el Instituto de Previsión Social (IPS), con Claide Acosta, Osmar Legal y Diego Arzamendia. A tres semanas de que se haya denunciado el hecho no se individualizó y mucho menos se le imputó a nadie por la venta ilegal de midazolam en plena pandemia. La ciudadanía exige resultados al Ministerio Público, que hasta ahora es incapaz de dar respuesta a la sociedad a la que representa.
El 5 de marzo pasado, la fiscala Claide Acosta se había constituido en la Dirección de Administración de Suministros médicos del IPS, de donde recabó documentos concernientes a la utilización de medicamentos, específicamente de ampollas de Milazodan, supuestamente comercializados en Asunción este año.
A la fiscala le informaron que, en diciembre del 2020, ingresaron 21.872 unidades de milazodan, distribuidas a tres farmacias del ente previsional.
El 8 de marzo, se unieron a la fiscala Acosta, Omar Legal y Diego Estigarribia, de la unidad anticorrupción.
La Fiscal Claide Aosta en su momento otorgó un plazo hasta el viernes último para que la previsional presente las documentaciones necesarias. De momento se ha realizado una constitución en el INERAM, en cuyo predio se habría detectado la venta de los medicamentos exclusivos del IPS, donde fueron tomadas varias declaraciones, y se remitió un informe explicando que dentro de la Institución no se presentó ninguna denuncia formal sobre la supuesta comercialización.
También se estaba se está verificando el lineamiento del ingreso y salida de los medicamentos, como también cuáles son los lotes que están en el lugar. Dentro del sistema del Ineram, se pudo corroborar que no ingresó mencionado lote. No obstante, en el IPS hay otro lote cuya verificación no se realizó por lo que deberán seguir investigando, y que había ingresado en diciembre del 2020 y fue distribuido dentro de su farmacia.
