En el litigio judicial entre “Cusabo Limited y otros contra la Asociación Del Espíritu Santo del Cristianismo Mundial (Secta Moon) sobre cumplimiento de contra y obligación de hacer escritura pública, en la que aparentemente la jueza Tania Irún primeramente hizo lugar al juicio, donde habría otorgado 310 mil hectáreas en la frontera de Alto Paraguay a empresas extranjeras que serían offshore, el abogado de una de las partes, Osvaldo Bittar dijo esta mañana que presentaron pruebas donde efectivamente la magistrada en cuestión ordenó la transferencia de dichas tierras, a cuatro empresas en la zona de protección fronteriza, que pertenecen a la secta Moon en la jurisdicción de Puerto Casado.
El abogado señaló que las cuatro empresas extranjeras tienen sus sedes en las Islas Vírgenes Británicas y en Chipre y que en el Paraguay no están constituidas legalmente, no tienen sedes y que sus acciones en su totalidad son al portador.
“Existe una ley de seguridad fronteriza donde protegen las tierras nacionales limítrofes en un radio de 50 kilómetros. El 95 % de las tierras que la jueza transfirió a favor de estas empresas extranjeras se encuentran dentro de los límites de 50 km”, dijo Bittar en entrevista con PDS Radio-TV Digital.
El mismo explicó que cerca de 280.000 hectáreas fueron las que pudieron identificar, porque las fincas como los títulos de las 310.000, son variados. Consecuentemente, detalló que existen otras fincas dentro del casco urbano de Puerto Casado que no pudieron identificar y «obviamente, si están dentro del radio de Puerta Casado, también están dentro del área de seguridad fronteriza”.
Bittar aseveró que cuentan con mapas verificados por la Comisión Interinstitucional de la Zona de Seguridad Fronteriza (CIZOSEF) que demuestran que más del 95 % del área cedida a las empresas extranjeras, se encuentran en la zona de protegida por la Ley 2532/2005, que regula la zona de seguridad fronteriza.
El documento presentado por el abogado Selmar Moreno, representante de Evaristo Fernández, a la fiscal del caso, Natalia Fusther, es el peritaje realizado en la zona, por el geógrafo Celso Gustavo Salinas Barreto. En dicho documento se constata que 24 inmuebles están dentro del radio de seguridad fronteriza.
“La ley es clara: si se transfirió una porción de tierra que se encuentra dentro de un área que no puede ser transferida, se consuma el hecho punible”, sentenció.
Evaristo Fernández había denunciado por prevaricato a la jueza en lo civil y comercial, Tania Irún porque, supuestamente, actuó en total desconocimiento de la ley y en expresa violación de la Ley 2532/2005.
