La abogada Lorena Dolsa presentó al Consejo de Superintendencia de la Corte, informes periciales de ubicaciones georeferenciadas de fincas ubicadas en el Chaco, que prueban que la jueza en lo Civil Tania Irún violó la ley de seguridad fronteriza.
La magistrada otorgó tierras que se encuentran a menos de 50 kilómetros de la frontera a empresas off shore con acciones al portador. Irún, por este hecho ya fue enjuiciada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La decisión fue tomada por la jueza en el expediente “Cusabo Limited c/Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial”.
El escrito menciona, “las empresas demandantes, son sociedades de portafolio, constituidas en paraísos fiscales como lo son las Islas Británicas y Chipre. Por lo tanto, sólo fijan domicilio en esos lugares, sin ejercer ninguna actividad en dicho lugar. Tienen acciones al portador, por lo que no puede saberse en realidad quienes son sus accionistas. Cualquier persona, ciudadano de Brasil, Argentina o Bolivia, puede adquirir una off shore, o comprar todas las acciones de una ya constituida, sin que esto tenga que ser informado a nadie“.
Es por ese motivo que la ley de seguridad fronteriza 2523/05, en su Artículo 4º dispone que – “Serán nominativas y no endosables las acciones o títulos de las
sociedades por acciones y los certificados de aportación de las cooperativas de
aquéllos que pretenden ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de
inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza”.
