Solo en Asunción hubo 800 denuncias por violencia intrafamiliar

85

Según los datos del Ministerio Público, unas 800 causas por violencia familiar ingresaron solo en Asunción, y en lo que va del año, ocurrieron 7 feminicidios.

En comunicación con PDS Radio y Tv Digital, la fiscal Susana González refirió, “Los casos de violencia se dan porque el agresor considera que la víctima forma parte de su propiedad, y la victima cree que no tiene derecho a manejarse por sí misma, esa es la principal característica de las personas agresoras”.

Manifestó que es necesario aplicar tratamientos conductuales a los casos de violencia, estableciendo programas y estudios de tratamiento, para hacerle notar a la persona agresora que su conducta no es la adecuada.

“Considero que la privación de libertad no es suficiente si no va acompañada principalmente del cambio de visión en la situación, teniendo en cuenta que en algunos casos existieron denuncias de reincidencias” indicó la fiscal.

Por otro lado, explicó, que la ley Nª 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia, busca visibilizar una forma extrema de violencia vinculada con la desigualdad estructural que afecta a las mujeres por razones de género, es decir, por ser mujer. Dicha ley establece también distintas medidas de protección que están a disposición de los órganos jurisdiccionales encargados de emitir la orden de protección, que no siempre se establecen.

“Inclusive, deben darle seguimiento, para que el órgano que emitió una orden de protección, tenga la facultad de solicitar a las instituciones encargadas de la ejecución, a fin de corroborar que se cumplan y resguarden las medidas de protección”, mencionó González.

En el caso que exista algún indicio del incumplimiento de las restricciones, la víctima debe informar esa circunstancia al órgano jurisdiccional, para que se pueda comunicar esa situación al Ministerio Publico, abriendo una causa por desacato de la orden judicial.

La fiscal Susana González, aclaró que la violencia familiar es abordada a través de órganos especializados de varios estamentos públicos que, además de ocuparse de la prevención, han logrado la modificación de la ley penal por la que a partir de 2016 se tipifica como delito el feminicidio.