A raíz de una superposición de audiencias preliminares, el juez Julián López suspendió la audiencia pactada para la fecha en la que tenían que participar Juan Galeano Grassi, Diego Oliver y Cándido Alberto Brizuela, alias “Juan Pueblo”, procesados por violar la cuarentena sanitaria.
“Esto no debería ser una causa penal porque no está tipificado como delito, como el Ministerio Público manifiesta”, expresó la abogada de los imputados, Raquel Talavera.
Según manifestó Grassi en su momento, quien es empresario gastronómico, los tres se exponen a cinco años de pena privativa de libertad y multa, puesto que son procesados por la Ley 716 que sanciona delitos contra el medioambiente.
Talavera añadió: “La Ley 716 que ellos quieren utilizar habla de cuarentena sanitaria, pero no se refiere a cuarentena sanitaria humana, no está especificado ni está tipificado y el Ministerio Público interpreta esto de una manera antojadiza”.
La misma también mencionó que en el Paraguay no existe la figura de leyes penales abiertas y que esto debe ser “nulla poena sine lege». Esto, en el ámbito jurídico se traduce como “Ninguna pena sin ley” porque, según la abogada, debe existir una conducta indebida estrictamente tipificada para que pueda procesarse y penalizarse.
Talavera dijo que no reconocen el proceso por el cual están atravesando y que por ello no aceptarán ninguna salida alternativa que les puedan llegar a ofrecer. Reiteró, además, que irán hasta las últimas instancias de ser necesario porque el Ministerio Público a toda costa les piden que acepten las medidas alternativas.
La abogada aseveró que, de ser posible, llevarán a más de 100 testigos, ofrecerán pruebas de informes porque el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tiene la obligación de explicar el motivo y el sustento de su decreto. También pedirá que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, explique el motivo de las acordadas que abalan que los derechos sean restringidos vía decreto presidencial.
“La manifestación es un derecho, no es un delito”, sentenció.
El 3 de junio del 2020, los procesados organizaron una caravana en contra de la corrupción y la impunidad que indignó a la ciudadanía en general, pues, durante la estricta cuarentena sanitaria, salieron a la luz supuestos negociados multimillonarios.
