La abogada máster en Derechos Humanos (DD.HH), Alejandra Peralta se refirió al abuso y la mala utilización de la prisión preventiva, y apunta a los magistrados que solo se basan en la gravedad del hecho punible y la expectativa de pena elevada, para determinar la prisión preventiva de un procesado y no en el peligro de fuga u obstrucción de la investigación.
La misma explicó que las argumentaciones para determinar medidas cautelares a personas procesadas van en contra de la doctrina penal del país e, incluso, violan la Constitución Nacional, las leyes y convenciones.
“Cada vez que se solicita prisión preventiva, alegando la expectativa de pena o la gravedad del delito como elemento suficiente para inferir que el procesado eludirá a la justicia, se está violando el artículo 73 de la Convención Americana”, expresó.
“No podemos seguir actuando al margen de los estándares interamericanos de derechos humanos. Debemos cumplir los compromisos asumidos como Estado al ratificar los Tratados”, había posteado en su perfil de Twitter.
Ante esta circunstancia, la especialista en DD. HH dijo que están exponiendo al país a violaciones de los Derechos Humanos y no basta con que sea legal, también debe estar ajustado a las convenciones interamericanas.
“Nunca nadie fue destituido por dar prisión preventiva, pero sí por dar libertad”, sentenció.
En la memoria colectiva, el caso más reciente y recordado es el de los jóvenes vinculados, supuestamente, en la quema de Colorado Róga e imputados por perturbación de la paz pública y otros delitos.
En dicho caso, la jueza Hilda Vallejo argumentó que los tres jóvenes, Vivian Genes, Pedro Areco y Luis Miguel Trinidad Paniagua, fueron a prisión preventiva porque no demostraron arraigo y porque la expectativa de pena es elevada.
En su momento, la jueza alegó que no se dieron los presupuestos ni existieron elementos de fianzas acreditables para otorgar una medida menos gravosa que la prisión y, consecuentemente, por ello decretó la medida cautelar.
En contrapartida, el abogado de Vivian Genes, Jorge Bogarín González, afirmó días después que presentaron documentación que demuestra que la misma vive y reside en la comunidad, trabaja en una consultora de Asunción y es estudiante de arquitectura. También ofrecieron fianzas personales de tres personas conocidas que estaban en el Poder Judicial, garantizando la predisposición a los mandatos de someterse al proceso.
