En la fecha debía iniciar el juicio oral y público a los funcionarios de la Contraloría General de la República, Marcial Críspulo Corvalán, Éber Javier Espínola y Lucila Mabel Troche, acusados por el fiscal Rodrigo Estigarribia por el supuesto hecho punible de frustración de la persecución penal en el marco de la investigación a Enzo Cardozo y Silvio Riveros por el desvío de G. 68.000 millones.
Este juicio se suspendió porque Dina Marchuk, integrante del Tribunal de Sentencias, dio positivo al Covid19.
Según el representante del Ministerio Público, los funcionarios están procesados por presentar informes falsos al Ministerio Público en el marco de la investigación al extitutar del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo y el titular de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay, Silvio Riveros.
Estigarribia señaló que la investigación no se produjo a consecuencia del informe de la Contraloría, sino a partir de publicaciones periodísticas y es por eso que estos tres funcionarios están siendo procesados por frustración a la persecución penal.
“Omitieron datos relevantes de personas del interior de los comités que manifestaron que no fueron proveídos los insumos”, expresó Rodrigo Estigarribia.
La Fiscalía, en su acusación, señaló que los G. 68.000 millones debieron ser distribuidos a 188 comités de productores frutihortícolas, no obstante, esto no ocurrió, pues, fueron desviados mediante maniobras. En este mismo caso, otros procesados ya han sido condenados o beneficiados con salidas alternativas.
Gustavo Amarilla es el juez penal de garantías quien tiene a su cargo esta causa y el 29 de abril del 2016 el mismo remitió el expediente al Tribunal de Apelación, 3ª sala, para el estudio de una recusación presentada en su contra por parte de Enzo Cardozo, pero hasta la fecha no lo recibió.
