En el marco del juicio oral a exdirectivos de la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay, Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera, acusadas por presunta apropiación y lesión de confianza por la supuesta utilización injustificada de Gs. 1.240.971.000, se esperan los alegatos finales de las defensas y posterior lectura de sentencia del Tribunal.
Según la acusación del Ministerio Público y la postura de la querella, los hechos atribuidos a las acusadas transcurrieron entre los meses de diciembre del año 2014 y marzo del 2015. Según el relato, las acusadas en carácter de presidente y tesorera de la Asociación, habrían librado cheques contra la cuenta corriente y extracciones de dinero de la caja de ahorro en reiteradas ocasiones hasta el respectivo vaciamiento de las cuentas.
Sobre ello, el abogado Rodrigo Yódice, representante de la querella, respecto al plazo de vigencia de la acción, explicó que la prescripción y la extinción de la acción penal son circunstancias que podrían ser determinantes para la continuidad del proceso a partir del año 2024, ya que los hechos ocurrieron desde diciembre del año 2014 hasta marzo del año 2015, por lo que el transcurso del doble de la prescripción se podría empezar a discutir recién desde este año.
Las procesadas habrían accedido a los cargos de presidente y tesorera mediante resoluciones judiciales ilegales e ilegitimas, las cuales les permitieron acceder a los fondos en carácter de apoderadas para después utilizarlos en carácter de ellas mismas o para otras personas con motivos y fines totalmente ajenos a los intereses patrimoniales y sociales de la Asociación.
En audiencia preliminar, Esteban Ferreira fue condenando mediante procedimiento abreviado por lo que el Juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, dispuso su pena privativa de libertad de 6 meses con suspensión de la ejecución de la pena por el plazo de 2 años. Esto debido a que se demostró su responsabilidad como protesorero de la asociación, cargo mediante el cual dispuso la modificación del registro de firmas en el Banco Familiar, entidad donde se encontraban resguardados los fondos.
En su momento, la defensa de Nélida Huespe presentó una recusación al Fiscal encargado del caso, José Martin Morínigo, con lo cual logró dilatar el comienzo del juicio oral en su momento. Posteriormente, dicha recusación fue rechazada por la Fiscalía General, con lo cual se confirmó al mencionado agente fiscal. La Fiscalía solicitó 3 años de pena privativa de libertad para ambas acusadas. El Tribunal de Sentencia está compuesto por Héctor Fabián Escobar, Federico Rojas y Carlos Hermosilla.
