La Fiscal Belinda Bobadilla acusó y pidió juicio oral para el Presidente del Club Resistencia, Roberto Garcete Cano, el padre de este y actual vicepresidente, Roberto Garcete Rodríguez y a la escribana María de Lourdes Duarte.
Estas personas habrían formado parte del esquema de usura y lavado de dinero de Ramón González Daher (RGD), condenado a 15 años de prisión. Los hechos punibles acusados son lavado de dinero y usura; respecto a la escribana se habla de hechos relacionados a la prueba documental.
En el caso particular, la víctima es el señor Eladio Britos, quien recurrió a Garcete para un préstamo de Gs. 200.000.000, pero el acusado finalmente logró obtener lo inicialmente entregado por éste (Gs. 100.000.000), más el total de dos cheques de la APF (Gs. 300.000.000), que totalizan la suma de Gs. 400.000.000, situación que representa un interés más elevado a lo establecido. Además, se menciona el despojo de una vivienda.
Según lo señalado por el denunciante, el mismo asegura haber entregado inicialmente Gs. 100.000.000 en varias cuotas, más no ha accedido a recibos por dichos pagos por parte del prestamista. A parte de eso, entregó los dos cheques de la APF que totalizan Gs. 300.000.000, es decir, pagó Gs. 400.000.000 más la propiedad que supuestamente, en base a la primera protocolización, tenía un valor de Gs. 300.000.000.
En el escrito se habla de una primera protocolización en el sentido de que, cuando la familia afectada tuvo noticias de que en el Registro Público su inmueble ya estaba inscripto a nombre de la firma de este clan, los mismos, a través de la escribana procesada, accedieron a copias autenticadas de dicho protocolo donde obran un sinnúmero de datos que fueron, de algún modo, corregidos a través de subrayados e interlineados, haciendo un cotejo con la transcripción de la escritura que, finalmente, recién luego de dos años, la escribana inscribió en los Registros Públicos.
Con relación a lo ocurrido con el Clan Garcete, el ingeniero manifestó que todo comenzó el 13 de junio del año 2013, cuando solicitó un préstamo de Gs. 200.000.000 a Roberto Garcete Rodríguez en concepto de trabajos que debía realizar como titular de la firma Proyinel S.A. dedicada a la actividad comercial el área de la construcción y montajes eléctricos. Al consultarle al prestamista cuánto debía abonar como garantía, éste le comunicó que la suma de dinero era ínfima, pero a medida que iba pagando la deuda Garcete no le entregaba recibos y tampoco le decía cuánto faltaba por pagar.
Posterior a ello, el 27 de noviembre del año 2014 fueron hasta la oficina de RGD y les pidió que salieran de la casa en la que vivían ya que, sino RGD tomaría cartas en el asunto, por lo que el 14 de diciembre del mismo año, tuvieron que dejar su casa en Luque y se mudaron a San Lorenzo. Debido a ello, en junio del año 2015 su hija Ana Laura Britos, en compañía de la abogada Lorena Marecos, fueron a ver el supuesto título de transferencia que ella y su hermana habían firmado, momento en que se pudieron percatar de que habían utilizado las firmas sin su consentimiento.
