El abogado Rubén Melgarejo, representante de la Juez suspendida sin goce de sueldo Laura Benítez, manifestó a PDS Radio que la Corte Suprema de Justicia no debió suspender a la magistrada sin goce de sueldo; la resolución se dio en fecha 19 de junio y la magistrada fue oída por los ministros recién el 26 de junio.
“Esos son principios constitucionales que deben ser repetidamente reiterados, la presunción de inocencia, por ejemplo. Ella fue suspendida sin salario y está en pleno proceso de sumario que ordenó la Corte en esa misma resolución, así como la remisión de los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al Ministerio Público, es ahí que nosotros como estudio jurídico estamos interviniendo y estamos tratando de instalar esa situación para poder considerar el aspecto del salario” comentó el abogado.
Señaló que es una situación judicial importante que la Corte Suprema se haya pronunciado de tal forma, independientemente al descargo de defensa que pueda realizar la magistrada suspendida, refirió que las actuaciones de la misma se ciñeron al Código de Ejecución Penal. Afirmó que la defensa del condenado por narcotráfico Edwin Solalinde, atendiendo a la gravedad de su estado de salud, solicitó que el mismo fuera trasladado a su domicilio y seguir su tratamiento allí.
“El médico forense de la Penitenciaría recomendó que el mismo tenía un tratamiento de gravedad, que es lo que dicta el código. Se hace la audiencia, el Fiscal se allanó al pedido de la defensa y la Jueza se constituyó para verificar el domicilió y otorgó la prisión domiciliaria. Como es un área que todavía no está informatizada, después apareció un informe de otra causa y la jueza revocó su medida atendiendo a que existía otro antecedente y con esa revocatoria se produjo su procesamiento” agregó.
Recordemos que a pedido de la Ministra Carolina Llanes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió sin goce de sueldo, inició un sumario y remitió los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) respecto a las juezas Laura Benítez y Nunila González Franco, quienes dictaron sospechosas resoluciones a favor de Edwin Solalinde, condenado a 24 años por narcotráfico e imputado por homicidio.
