A pedido de la Fiscalía, la Juez Diana Carvallo desestimó la denuncia por supuesta lesión de confianza contra el exprocurador General de la República Pedro Rafael Valiente Lara y la denuncia por supuesto prevaricato contra el entonces Juez Miguel Ángel Rodas.
La denuncia fue abierta tras publicaciones periodísticas del año 2013 que referían que la Procuraduría General de la República (PGR) fue cómplice en el despojo de fondos públicos en perjuicio del Estado, siendo en ese entonces Procurador General, Pedro Valiente Lara.
Según la nota periodística, el entonces Procurador Lara Valiente aceptó pagar USD 10 millones a la familia Arza Huerta en concepto de acuerdo conciliatorio. Los Arza Huerta reclamaban unas ocho hectáreas dentro del predio de la Fuerza Aérea Paraguaya ubicado en Luque. Pero que, según dictámenes técnicos, esas ocho hectáreas no existían.
Durante el desarrollo de la investigación el Ministerio Público corroboró mediante informes que no existió perjuicio patrimonial porque no se dispuso del dinero del Estado. Se informó que se inició un juicio de nulidad de acto jurídico respecto a ese acuerdo y no se procedió al pago.
