El Juez Civil Martín Ayala hizo lugar a la demanda de ejecución de la caución por la fuga del procesado Wilmondes Souza Lira, a pedido de la Procuraduría General de la República (PGR) POR Gs. 3.000 millones en contra de María Cristina Fleitas y USD 300.000 contra Atilio Alegre.
Al respecto, el Procurador General Marco Aurelio González señaló a PDS Radio que hace ya bastante tiempo se declaró la rebeldía de Souza Lira, quien había ofrecido caución de su abogado por la suma de Gs. 6.000.000 para que le fuera otorgado el arresto domiciliario y, al declarar la rebeldía del procesado, el juzgado ordenó la ejecución de la caución en lo civil y la PGR planteó la demanda en dicho fuero.
“Hay una garantía personal y un inmueble también ofrecido en concepto de garantía; nosotros pensamos ejecutar eso porque son casos emblemáticos, cuestiones importantes donde hay patrimonio del Estado en juego y no se puede quedar impune esta causa” agregó el Procurador. Mencionó que no existen muchos casos de esta naturaleza, pero que después de este aún queda un par más.
Explicó que se trata de una fianza de USD 300.000 del abogado Atilio Alegre, quien interpuso una excepción de incompetencia de jurisdicción, argumentando que el Juzgado Civil no tiene competencia para entender en el presente juicio porque, según el artículo 521 del CPC, será competente para la ejecución el juez de la causa, y que la competencia por razón de la materia es improrrogable.
Ante esto, la PGR contestó que el Juzgado Civil es competente en razón a la materia por virtud de art. 11 del Código de Organización Judicial, siendo la fianza que se pretende ejecutar un instituto jurídico-contractual de naturaleza eminentemente civil, previsto en el art. 1456 del CC, en concordancia con las normas del CPP (arts. 258, 260, y 504) que remite a las normas del Código Procesal Civil todo lo relativo al trámite y resoluciones de las medidas cautelares de carácter real y su ejecución civil.
En este caso la abogada Natalia Fretes había ofrecido un inmueble de Gs. 3.000 millones como fianza real y su esposo Atilio Alegre 300 mil dólares como fianza personal para el arresto domiciliario del encausado en el Hotel The One, de donde se había fugado.
El Procurador también comentó que existe otra causa en la que la caución fue ejecutada por una de las personas dentro del proceso, por lo que la PGR ha solicitado la nulidad de ello debido a que la caución debe ingresar a las arcas del Estado.
