31M: piden nulidad del fallo que excluyó querella de padres de Rodrigo Quintana

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Padres de Rodrigo Quintana

En el marco del caso 31M el abogado Guillermo Duarte, en representación de los padres de Rodrigo Quintana, presentó una casación ante la Corte pidiendo la nulidad del fallo que excluyó a los mismos de la causa contra el suboficial Gustavo Florentín y dejó como querellante a la expareja del joven dirigente liberal.

Según el argumento del letrado, la resolución de la Alzada que confirmó el A.I. N° 693 que dispuso que la querellante en la causa 31M sea la expareja del joven asesinado Rodrigo Quintana, padece de falta de fundamentos y se contrapone a otras decisiones que habían tomado los mismos Camaristas en otras causas similares.

“Asimismo, las condiciones en que la resolución fue motivada colisionan con garantías constitucionales y con el deber constitucional del Poder Judicial de fundamentar sus decisiones. El fallo de Alzada viola los artículos 46 y 47, previstos en el Capítulo III “De la Igualdad”. “Artículo 46. De la igualdad de las personas. Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos”; “Artículo 47. De las garantías de la igualdad. El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1. La igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2. La igualdad ante las leyes;” y es también la resolución es contraria al artículo 256 segundo párrafo, que dice: “Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la ley…”” se lee en el escrito presentado por Cacavelos.

Recordemos que el pasado 14 de marzo, la Cámara de Apelaciones Segunda Sala excluyó a los padres de Rodrigo Quintana como querellantes en la causa por el asesinato de su hijo. El suboficial Gustavo Florentín, quien había realizado el disparo fatal contra la humanidad del joven liberal, está siendo procesado por lo ocurrido aquel fatídico día 31 de marzo del año 2017; Florentín se encuentra en libertad debido a que ya compurgó la pena mínima de cinco años por homicidio.

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