El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por la jueza Luz Martínez e integrado por sus colegas Federico Rojas y Dina Marchuck condenó a 6 años de prisión a Zulma Beatriz Ríos Duarte, esposa del narcotraficante Leoncio Ramón Mareco, en el marco de una causa por lavado de dinero y tenencia de sustancias estupefacientes.
La sentencia fue dictada durante el juicio oral y público, donde el Ministerio Público, representado por el Fiscal Jorge Arce, logró probar que Ríos Duarte intentó frustrar el comiso de al menos tres inmuebles que ya habían sido confiscados en una sentencia anterior (SD N.° 229 del 14 de agosto del 2007). A pesar de esa orden judicial, la acusada transfirió las propiedades utilizando figuras legales simuladas a través de escrituras públicas, en complicidad con escribanos públicos.
Estas maniobras permitieron no solo evitar la incautación de los bienes por parte del Estado paraguayo, sino también inducir al error a compradores de buena fe, quienes adquirieron los inmuebles creyendo en la legalidad de la operación. Las pruebas producidas durante el juicio revelaron que estas operaciones formaban parte de un esquema sistemático de blanqueo de capitales derivado del narcotráfico.
Además, se comprobó que los fondos producto de dichas operaciones ilícitas fueron depositados en cuentas bancarias a nombre de Ríos Duarte y de su cómplice Alfonso Díaz Amarilla, este último condenado anteriormente mediante procedimiento abreviado. Con esos recursos, la acusada realizó transacciones financieras, pagos con cheques y movimientos orientados a ocultar el origen ilegal del dinero. Parte de esos fondos fueron destinados a actividades como compraventa de vehículos, caballos y apuestas, como se evidenció en el allanamiento realizado en fecha 26 de julio del año 2021.
Zulma Ríos formó parte de una estructura criminal integrada también por su esposo Leoncio Mareco (condenado a 20 años de prisión y actualmente prófugo) y Díaz Amarilla. Las acciones del grupo no solo permitieron el enriquecimiento ilícito de sus miembros, sino también afectaron procesos judiciales vigentes, como el derivado del caso “Iván Méndez Mesquita y otros s/ tráfico de drogas y otros”, en el que los inmuebles debían ser comisados por el Estado.
