Una juez del fuero penal adolescente hizo lugar a un amparo promovido por el defensor público Mauro Adrián Benítez Almirón y ordenó la inmediata reconexión del servicio de agua potable a una vivienda habitada por una madre y sus dos hijos menores, en la ciudad de Capiatá. El corte, que fue solicitado por el nuevo propietario del inmueble con el objetivo de forzar el desalojo, fue calificado como «un acto arbitrario y manifiestamente ilegítimo» por parte del juzgado.
El servicio había sido suspendido por la empresa MZ Ingeniería, encargada de la captación y suministro de agua, sin que existiera mora pendiente al momento del corte y sin cumplir con los requisitos legales previos como el preaviso o la intimación al pago. La magistrada María Inés Olmedo, en la S.D. Nº 2 del 30 de julio, señaló que se trató de una clara violación al derecho humano al agua potable, especialmente considerando que en el inmueble residen dos menores de 6 y 2 años de edad.
El defensor Benítez Almirón, en su escrito de amparo presentado el 24 de julio, cuestionó el intento de “hacer justicia por mano propia” por parte del nuevo titular del inmueble, quien solicitó la desconexión aun antes de pagar sus propias facturas. “Utilizar el corte de un servicio esencial como el agua para desalojar a una familia es un método ilegítimo que evade el debido proceso legal”, expresó el defensor.
La mujer afectada había regularizado su deuda el 30 de junio pagando más de Gs. 328.000 por facturas vencidas, mientras que el nuevo propietario recién saldó sus obligaciones el 25 de julio, pero ya había pedido el corte dos días antes. Además, los funcionarios de la aguatera retiraron el medidor sin presentar aviso formal, violando normas del marco regulatorio vigente.
La juez Olmedo remarcó que la empresa no puede ejecutar un corte solo por pedido del nuevo titular del inmueble y mucho menos cuando la casa está habitada, especialmente por niños. Señaló que el derecho al agua está directamente ligado a la salud, la dignidad y la calidad de vida, por lo que su privación constituye una grave afectación a derechos fundamentales.
El defensor público señaló que este caso demuestra el compromiso del Ministerio de la Defensa Pública con la protección de los sectores más vulnerables.
