El fiscal Osvaldo Zaracho Romero de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, formuló acusación contra el contador público Rubén David Vera González, procesado por la presunta comisión del hecho punible de estafa en calidad de autor. La causa se sustancia ante el Juzgado Penal de Garantías a cargo del magistrado Amílcar Marecos.
Según el requerimiento fiscal, los hechos ocurrieron el 15 de octubre del 2024, cuando el profesional fue contratado por un comerciante local para gestionar trámites ante la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT), en razón de supuestas irregularidades detectadas en las declaraciones del Impuesto a la Renta y del IVA, notificadas mediante acta del 10 de octubre del 2024.
El denunciante entregó al contador una suma total de Gs. 155.000.000 como pago por sus servicios. El monto incluyó la entrega de un vehículo Haval H6, año 2020, valuado en aproximadamente Gs. 75.000.000, además de transferencias bancarias y cheques diferidos que completaban la cifra acordada.
Sin embargo, según sostiene el Ministerio Público, el profesional no cumplió con ninguno de los trámites prometidos ante la DNIT ni devolvió el dinero ni el vehículo recibido en parte de pago, causando así un millonario perjuicio económico a su cliente.
Durante la investigación, la Fiscalía recopiló pruebas documentales consistentes en contratos de prestación de servicios, facturas, informes de la DNIT, actas de recepción de bienes y comprobantes de transferencias y cheques. También se incorporaron declaraciones testificales y la declaración de la propia víctima, las cuales, según el fiscal, corroboran la conducta dolosa del procesado.
El fiscal Zaracho señaló en su escrito que el acusado actuó con intención de obtener un beneficio patrimonial indebido, recurriendo a maniobras engañosas para inducir a la víctima a desprenderse de su dinero y bienes, conducta que encuadra típicamente en el delito de estafa. En virtud de los elementos reunidos, la representación fiscal solicitó la apertura de la causa a juicio oral y público, así como la admisión de todas las evidencias recabadas durante la investigación preparatoria, con el objetivo de sustentar la acusación ante el Tribunal de Sentencia.
La causa ahora pasará a la etapa intermedia, en la que el Juzgado de Garantías evaluará la suficiencia de los elementos probatorios y la procedencia de la solicitud del Ministerio Público. En caso de admitirse la acusación, el contador enfrentará un juicio oral en el que podría ser condenado a penas privativas de libertad de hasta cinco años, según lo previsto en la normativa penal vigente.
