La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay expresó su preocupación respecto a un debate en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sobre medidas disciplinarias a los agentes del Ministerio Público en procesos de enjuiciamiento.
A través de un comunicado, la Asociación recordó que las garantías fundamentales deben primar por sobre la presión mediática o política. «Toda decisión de naturaleza disciplinaria debe adoptarse con estricto respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de criterio de los integrantes de los órganos constitucionales».
Es en respuesta a lo comentado durante la sesión de hoy sobre el pedido de suspensión del fiscal de Caazapá Carlos Ramírez, que no reunió los votos necesarios, por lo que el ministro César Garay solicitó en Asuntos Varios que los demás miembros cambiaran sus posturas, lo que tampoco prosperó.
Hicieron especial énfasis en el uso de la suspensión en el cargo como una herramienta punitiva inmediata y no como un recurso de última ratio. «La suspensión preventiva constituye una medida excepcional, de alto impacto personal e institucional, que no debe convertirse en una sanción anticipada».
Asimismo, el gremio alertó sobre supuestas injerencias externas que buscan direccionar el voto de los miembros del JEM durante el juzgamiento de los operadores de justicia.
Al respecto, el gremio subrayó que «la independencia de criterio y la libertad de decisión de quienes integran dichos cuerpos constituyen elementos esenciales para la legitimidad de sus resoluciones».
La nucleación también evidenció una supuesta asimetría o falta de ecuanimidad por parte del Jurado, argumentando que existe un ensañamiento normativo o mayor severidad cuando el procesado pertenece al Ministerio Público en comparación con los miembros del Poder Judicial.
«Consideramos necesario que los criterios aplicados sean uniformes para todos los operadores de justicia. En ese sentido, llama la atención que en diversos casos magistrados enjuiciados, incluso por causales vinculadas a la presunta comisión de hechos punibles, hayan continuado en funciones, mientras que respecto de agentes fiscales suele propiciarse con mayor frecuencia la suspensión preventiva».
El comunicado concluye con un llamado al restablecimiento de la previsibilidad jurídica dentro de los procesos de control de la magistratura.
