El juez penal de garantías Julián López, fijó fecha de audiencia preliminar el próximo 21 de abril a las 09:00 horas, para el exfiscal general del estado, Javier Díaz Verón y su esposa, la Abogada María Selva Morínigo, acusados por el Ministerio Público por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El caso: la agente fiscal María Estefanía González, en el año 2018 presentó imputación contra el exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, por la supuesta comisión de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente.
El Ministerio Público luego de efectuar un análisis de la declaración jurada de Díaz Verón desde su cargo de viceministro del Ministerio de Justicia y Trabajo en el 2005, hasta el 2018 cuando el mismo se desempeñaba como fiscal general, concluyó la existencia de un saldo negativo, en el sentido de que el valor de sus bienes superan sus ingresos percibidos.
Con relación a la esposa del ex Fiscal General, María Selva Morínigo, la misma se hizo socia de la firma denominada Salty River SA según los registros oficiales con un aporte de G. 500 millones (US$ 87.719) en efectivo, supuestamente alegó haber percibió dicho dinero de su retiro voluntario del Fondo Ganadero. Esta firma fue constituida en fecha 13 de diciembre de 2012.
Según un informe remitido por el Fondo Ganadero a la Fiscalía, la indemnización a Morínigo fue un total de G. 203.531.055 (US$ 35.707), cobrando primeramente el 26 de diciembre del 2013 su primer pago de G. 101.638.528 (US$ 17.831) y el 26 de febrero del 2014 cobró el saldo de G. 101.892.527 (US$ 17.876).
Asimismo en cuanto a la sociedad familiar Canto Rodado SA, según los registros oficiales, Morínigo puso G. 1.500 millones (US$ 263.158) en efectivo, mientras que dos de sus hijos G. 500 millones (US$ 87.719) cada uno, totalizando los G. 2.500 millones (US$ 438.596). Esto ocurrió dos años después de Díaz Verón se ubicara como fiscal general.
La representante pública solicitó como medida cautelar la orden de detención preventiva y embargo de bienes de los imputados.
