Tras varias suspensiones inició la audiencia preliminar de la intendente de Valenzuela, Mirtha Fernández y otros acusados por un perjuicio de más de Gs. 1.000 millones. Fernández llegó esposada y custodiada por policías. El juez Rodrigo Estigarribia había decretado su prisión preventiva por los excesivos planteamientos dilatorios.
La diligencia, en la que se definirá si la causa va o no a juicio oral, está pendiente desde 2023 y fue postergada en varias ocasiones por chicanas presentadas por las defensas. Incluso, para concretar la audiencia, el juez de garantías de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, ordenó la captura y prisión preventiva de Fernández.
Además, la Cámara de Apelación sancionó recientemente al abogado Edgar Valiente por sus planteamientos dilatorios. En esta nueva convocatoria, la audiencia fue fijada para tres jornadas, de lunes a miércoles, a fin de desarrollar la diligencia largamente postergada.
El requerimiento conclusivo fue presentado en marzo del año 2023 y desde entonces la audiencia preliminar fue suspendida en al menos nueve ocasiones. La acusación gira en torno a obras que supuestamente se realizaron con recursos públicos, pero que en realidad no se ejecutaron.
El Fiscal Coronel explicó a PDS Radio que “el Ministerio Público sostiene su acusación sobre 10 obras que en realidad no se llevaban a cabo. Una vez que existió la denuncia y una vez que la investigación comenzó a iniciarse, inclusive, se procedieron a llevar adelante aquellas obras que no existían y que encima ya habían sido pagadas anteriormente. Lo que encontramos es que posiblemente o, mejor dicho, en realidad se pagó nuevamente por esas obras que en su momento ya deberían haberse terminado”.
