El abogado Rodrigo González Planás, defensor del exministro de la SEN Joaquín Roa, denunció graves irregularidades en el marco del caso A Ultranza Py, apuntando directamente a una supuesta violación de garantías procesales durante la incautación del yate vinculado a su defendido.
Según el letrado, la embarcación fue incautada a las 04:00 de la madrugada, sin orden judicial y sin notificación al juez competente, lo cual habría sido recién informado cuatro meses después.
“Un operativo así, fuera del horario legal, establecido de 06:00hs a 18:00hs, requiere una orden de allanamiento debidamente fundamentada, cosa que no ocurrió”, sostuvo González Planás. “La incautación se hizo de noche, sin juez y sin registrar el procedimiento. Eso invalida la prueba desde su origen”, enfatizó.
Además, el abogado denunció que la Fiscalía intenta “blanquear” esa irregularidad más de un año después del procedimiento, solicitando recién ahora la formalización del secuestro del yate. “Esto es un defecto de nacimiento. Esa incautación fue ilegal desde el inicio, y el barco debe ser excluido como prueba”, remarcó.
González Planás también cuestionó el manejo de archivos informáticos que formaban parte de la evidencia, alegando que estuvieron en poder de la Fiscalía durante cuatro meses antes de ser entregados al juzgado, ya con el sobre abierto y el lacre roto. “Los archivos tienen fechas de creación, modificación y acceso distintas. Eso demuestra manipulación. Hoy no se puede saber qué era original y qué fue alterado”, denunció.
El abogado solicitó la exclusión de todas las pruebas que, a su criterio, violan el Código Procesal Penal, incluidas las declaraciones testimoniales que, según indicó, buscan “tapar” la violación de la cadena de custodia.
En su intervención, también reveló que el yate incautado no tiene relación con el caso en el que se encuentra procesado Roa. “Hay oficios que demuestran que ni el barco ni el fiscal interviniente tienen vínculo con esta causa. Sin embargo, pretenden incorporarlo a la fuerza”, advirtió.
González Planás concluyó señalando que las irregularidades no son meras formalidades sino violaciones graves a derechos constitucionales y que la defensa planteó por primera vez la exclusión de dichas pruebas ante el juzgado competente.
