Por resolución del Fiscal General, Emiliano Rolón, los fiscales Belinda Bobadilla y Leonardi Guerrero iniciaron una investigación contra el Senador Erico Galeano (ANR) por la venta de su avioneta. Se investiga un presunto lavado de dinero con la intención de frustrar un comiso.
En febrero de este año, el Fiscal Silvio Corbeta, que llevó a juicio oral al parlamentario por supuestos vínculos con el crimen organizado, desistió del comiso de la aeronave con matrícula ZP-BHQ, marca Beech, que pertenecía a la empresa Alpina S.A., propiedad de Galeano que ya fue vendida al Grupo Capital S.A antes de la imputación.
En mayo del año 2022 la avioneta fue vendida al Grupo Capital S.A. por aproximadamente Gs. 1.000.000.000. Las diligencias investigativas son realizadas con el fin de averiguar las circunstancias en las que se dio la venta de la aeronave, ya que, según el art. 196 del Código Procesal Penal (CPP) el ocultamiento de un objeto que sea proveniente del crimen o de un hecho punible realizado por una asociación criminal, ya sea relacionado a las drogas o no para disimular su procedencia o ubicación, comiso especial o secuestro, es un hecho punible que debe ser castigado con una pena privativa de libertad de hasta cinco años.
“A cambio de la provisión de medio logístico, Erico Galeano también percibió sumas de dinero provenientes del tráfico internacional de cocaína, la cual insertó dentro del sistema financiero y económico nacional, mediante las compras de bienes muebles e inmuebles adquiridos en el intervalo de tiempo comprendido entre finales de los años 2020 y transcurso de 2021. Posterior a la recepción de estas sumas de dinero provenientes de la actividad ilícita realizada por el grupo criminal, Erico Galeano invirtió en el Club Deportivo Capiatá, la suma de G. 10.379.049.589, monto que el mismo estableció en su declaración jurada de bienes de asunción al cargo de senador, presentada ante la Contraloría el 15 de julio de 2023, como “Cuentas a cobrar”, de lo que se destaca una importante diferencia respecto a su declaración jurada rectificativa anterior, en la cual estableció como “Cuentas a cobrar” al citado club deportivo, la suma de G. 1.100.000.000” refiere parte de la acusación del Ministerio Público, por la cual el legislador deberá afrontar juicio oral y público.
