Este lunes comenzó finalmente el juicio oral y público contra el senador colorado Erico Galeano Segovia, tras tres intentos frustrados, en el marco de la causa A Ultranza Py, que lo investiga por lavado de dinero y asociación criminal. El Tribunal de Sentencia especializado está integrado por los jueces Pablino Barreto como presidente e Inés Galarza y Juan Dávalos como miembros.
Al inicio de la audiencia, el fiscal Silvio Corbeta solicitó incluir dos acusaciones adicionales presentadas con anterioridad, una fechada el 19 de mayo y copias de resoluciones fiscales 20, 23 y 4 y 5, relacionadas con la causa 7736/19, caratulada “Ángel María Cuevas por frustración de la persecución y otros delitos”. Estas pruebas ya habían sido ofrecidas y admitidas por el juzgado de garantías y ahora se pretende su incorporación al juicio oral, por representar elementos clave para esclarecer la vinculación de Hugo González Ramos, comprador de una propiedad en Aqua Village, señalada como parte de la red criminal.
La defensa del senador, en cambio, planteó diversos incidentes de nulidad, aduciendo irregularidades en el procedimiento. En primer lugar, reprochó la falta de una indagatoria previa actualizada, argumentando que la declaración del senador se realizó el 08 de agosto del 2023, mientras que la acusación fue presentada el 24 de mayo del 2024. Aseguran que no se le dio la “oportunidad suficiente” para conocer la carpeta fiscal, incluso señalaron que la entrega del resumen llegó apenas 48 horas antes del juicio, afectando su derecho a defenderse adecuadamente.
Además, la defensa cuestionó la falta de descripción concreta de los hechos punibles imputados a Galeano. Según sus defensores, la acusación se sostiene en valoraciones subjetivas sin individualizar conductas típicas, como la compra/venta de inmuebles o presentación de declaraciones juradas, confundiendo sospecha con prueba y atentando contra el principio de subsunción del derecho penal. También objetaron la inclusión de documentos presuntamente desvinculados del objeto procesal, como un procedimiento de la causa de Miguel Insfrán por tráfico de drogas o un informe de la APF sobre Galeano y Sebastián Marset.
Pese a estos planteamientos, el fiscal Silvio Corbeta se opuso rotundamente a cualquier nueva postergación del juicio, insistiendo en que las pruebas adicionales son vitales para descubrir la verdad real y develar la participación criminal del senador dentro del aparato de la red A Ultranza, que habría lavado activos provenientes del narcotráfico mediante bienes inmuebles, cooperativas y otros canales financieros.
El inicio de la audiencia no estuvo exento de tensión, pues el legislador ya había presentado recusaciones contra los fiscales encargados, lo que provocó suspensiones previas. También cambió de abogados defensores en el último momento, lo cual generó críticas sobre la estrategia dilatoria. A pesar de estos obstáculos, el tribunal ratificó la fecha actual y dio inicio al juzgamiento el día de hoy.
Según la hipótesis del Ministerio Público, el senador Erico Galeano habría facilitado logística a los presuntos narcotraficantes Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico” y Sebastián Marset, al prestar su aeronave y haber permitido la introducción de dinero ilícito al sistema financiero legal, incluyendo la enajenación de un inmueble en Aqua Village a un presunto testaferro del narco.
