A Ultranza: fiscal de ejecución se opone a pedido de traslado de «Tío Rico»

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Fiscal María José Pérez

La agente fiscal de Ejecución de la capital María José Pérez se opuso al pedido de traslado penitenciario formulado por Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, considerado uno de los presuntos líderes narcos más importantes investigados en el país.

Insfrán había solicitado ser trasladado a otro centro penitenciario, alegando graves dificultades de adaptación en el pabellón de máxima seguridad donde se encuentra actualmente recluido, así como serios problemas de salud que, según su defensa, afectan directamente su capacidad de participar en el juicio que enfrenta.

La solicitud fue elevada ante la Unidad de Ejecución Especializada en Crimen Organizado, Delitos Económicos y Anticorrupción, pero la fiscal Pérez argumentó que, en atención a la etapa procesal crítica en la que se encuentra la causa y los riesgos procesales que implicaría un eventual traslado, la juez María Lidia Wyder resolvió rechazar el pedido.

Como resultado, Insfrán seguirá recluido bajo régimen de máxima seguridad, mientras se desarrollan las audiencias en su contra.

Días antes, el abogado defensor Napoleón Acosta ya había solicitado de manera urgente la intervención de un médico forense para constatar el estado físico de su defendido, luego de que este presentara vómitos con sangre durante audiencias los días 18 y 23 de julio. Según Acosta, ya desde el 21 de julio se había alertado al tribunal sobre la palidez extrema y el estado de languidez de Insfrán. Incluso, durante una audiencia telemática, el imputado debió abandonar el acto tras sufrir un nuevo episodio de vómitos.

Además, denunció que el médico de guardia confirmó que Insfrán no está recibiendo tratamiento alguno, lo cual comprometería no solo su salud, sino también su derecho a la defensa y la validez del proceso judicial en curso.

Mientras tanto, el Ministerio Público sostiene que las condiciones actuales de reclusión son necesarias para garantizar la seguridad del proceso y que cualquier traslado implicaría riesgos de fuga, interferencia o entorpecimiento del juicio.