Los abogados de Gianina García Troche, expareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, solicitaron al juzgado a cargo de la juez Rosarito Montanía su traslado inmediato a un centro de alta complejidad y que se ordene la intervención urgente de neurólogos especialistas.
Cuestionaron que no se hayan tomado las precauciones pese a contar con informes médicos previos. La defensa sostiene que el juzgado se expone a responsabilidad penal por omisión de auxilio y «lesión de confianza en perjuicio de la Administración». Agregan que se configura una grave violación de derechos humanos, ya informada al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Los mismos denunciaron un episodio médico crítico que habría puesto en riesgo la vida de su representada. El escrito ingresó con carácter de urgencia y describe un episodio convulsivo severo ocurrido en el Penal Militar, donde la procesada se encuentra recluida.
Según los abogados Luis Samaniego Correa y Daniel Garcete, García Troche sufrió un “estatus convulsivo no refractario”, un cuadro neurológico grave y potencialmente letal que requiere una intervención inmediata en un centro hospitalario especializado. La defensa sostiene que el penal carece totalmente de infraestructura y especialistas capaces de atender un evento de esa naturaleza, como neurólogos, terapia intensiva, tomografía urgente y monitoreo continuo.
Los abogados afirmaron que este desenlace era previsible y que había sido advertido reiteradamente al despacho de la magistrada. Según señalan, en múltiples escritos y audiencias se expusieron los síntomas neurológicos que García Troche venía manifestando, pero, aun así, según afirman, el juzgado negó sistemáticamente el acceso a especialistas, insistiendo en que “basta con los médicos del penal militar”. La defensa acusa que se ignoraron informes médicos previos y se omitió garantizar los derechos fundamentales de salud y vida de la procesada.
En el documento, los abogados recuerdan que la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema establecen que toda persona privada de libertad se encuentra bajo custodia directa del Estado, lo que impone al Estado y a quienes ejercen funciones jurisdiccionales la responsabilidad de asegurar su integridad física. Sostienen que, en este caso, la omisión habría derivado en un riesgo real y concreto para la vida de García Troche.
La defensa advierte además sobre eventuales consecuencias jurídicas para el juzgado, alegando que la situación podría configurar omisión de auxilio, lesión de confianza y violaciones graves de derechos humanos, Agregan que el episodio neurológico pudo evitarse si se hubiera autorizado a tiempo la intervención de profesionales especializados.
En el plano de las medidas urgentes, los abogados solicitan el traslado inmediato de la procesada a un centro hospitalario de alta complejidad, como el Hospital de Clínicas, el Hospital Nacional o un sanatorio privado con unidad de cuidados intensivos neurológicos. Exigen además la intervención urgente de neurólogos, informes detallados del penal sobre el episodio y la supervisión inmediata del MNP ante la posibilidad de trato cruel o negligencia institucional.
La defensa también se reservó el derecho de iniciar acciones penales, civiles, disciplinarias y constitucionales contra quienes resulten responsables por acción u omisión en el deterioro de la salud de García Troche. Insisten en que la falta de traslado inmediato podría generar un daño neurológico irreversible, citando estándares internacionales de la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE).
Finalmente, el escrito culmina solicitando a la magistrada que tenga por formalizado el pedido y que ordene, con carácter urgente, el traslado inmediato de la procesada para recibir atención médica especializada, advirtiendo que cada minuto sin tratamiento agrava el riesgo de secuelas permanentes.
