El fiscal Deny Yoon Pak presentó acusación y pidió que Gianina García Troche, expareja del presunto narco uruguayo Sebastián Marset, afronte juicio oral y público por presunto lavado de dinero producto del narcotráfico en el marco del caso A Ultranza Py. Para la Fiscalía, García Troche utilizó dinero ilícito del tráfico de drogas para costear un ostentoso nivel de vida, realizar inversiones en un club de fútbol, montar empresas y adquirir lujosos bienes.
La Fiscalía sostiene que García Torche ingresó oficialmente a Paraguay en mayo del año 2018 acompañando a Marset y que posteriormente se radicó en el país. El Ministerio Público afirma que fue beneficiaria directa de las ganancias ilícitas obtenidas por el presunto narcotraficante y que además realizó operaciones destinadas a insertar esos fondos dentro del sistema financiero paraguayo.
La acusación indica que en marzo del año 2021 Gianina García Troche abrió una cuenta bancaria en Visión Banco utilizando documentación paraguaya y presentando certificados laborales vinculados a una empresa de transporte. Según el Ministerio Público, esas documentaciones fueron facilitadas por personas allegadas a la estructura criminal para justificar ingresos y permitir el movimiento de dinero presuntamente ilícito.
La Fiscalía detalla que en esa cuenta se registraron depósitos en efectivo, transferencias bancarias y compras personales tanto en Paraguay como en el exterior. También sostiene que la acusada realizó transacciones en ciudades como Estambul y Madrid, mientras Marset permanecía detenido en Dubái en el 2021.
Otro de los puntos desarrollados en la acusación es la constitución de la sociedad “Grupo San Jorge”, creada en mayo del 2021 con un capital social de Gs. 1.000 millones. Según el Ministerio Público, la empresa fue utilizada para continuar con la explotación del taller mecánico “Total Cars”, emprendimiento que habría sido financiado con dinero proveniente del tráfico internacional de cocaína.
La acusación menciona además importantes gastos en remodelaciones, decoración, compra de electrodomésticos, mobiliarios y servicios para el acondicionamiento del local comercial de “Total Cars”. La investigación señala que los pagos eran realizados mediante cuentas vinculadas a otras empresas asociadas al entorno de Marset.
La acusación también refiere que Gianina García Troche habría realizado pagos para celebraciones familiares, cumpleaños infantiles y adquisiciones de artículos de lujo. Entre las compras mencionadas aparecen prendas de Carolina Herrera, joyas valuadas en decenas de miles de dólares y viajes internacionales a Punta Cana y Dubái.
Otro aspecto señalado por el Ministerio Público es la adquisición de la firma SUMMUN S.A., empresa mediante la cual se compró el establecimiento rural denominado “23 de Abril”, ubicado en San Roque González de Santa Cruz. Según la Fiscalía, el inmueble fue adquirido inicialmente por Gs. 1.800 millones, aunque el valor real de la operación habría superado los Gs. 4.300 millones.
La acusación sostiene que en esa estancia se desarrollaron importantes inversiones en infraestructura, construcción de viviendas, hangares, pistas de aterrizaje y confinamiento de ganado. El Ministerio Público afirma que el inmueble estaba destinado a convertirse en residencia de la familia Marset García y que las obras fueron financiadas con recursos provenientes de actividades ilícitas.
Asimismo, los investigadores afirman que familiares de Gianina García Troche habrían participado en tareas de administración y coordinación de actividades vinculadas a los bienes y empresas de la estructura criminal. La Fiscalía menciona intercambios de mensajes relacionados con la administración de sociedades comerciales y el manejo de propiedades vinculadas al entorno de Marset.
Según la acusación, entre los años 2020 y 2021 se conformó en nuestro país una estructura criminal integrada por organizaciones nacionales y extranjeras dedicadas al tráfico internacional de cocaína y al lavado de activos provenientes de esa actividad ilícita. El Ministerio Público sostiene que la red estaba encabezada por Sebastián Marset y por Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, quienes habrían coordinado operaciones de envío de droga hacia Europa y África.
La acusación describe que Marset ingresó por primera vez a Paraguay en abril del año 2018, luego de recuperar su libertad en Uruguay por una condena relacionada con tráfico de estupefacientes. Posteriormente, habría utilizado documentos uruguayos, brasileños y bolivianos presuntamente falsos para movilizarse entre Paraguay, Bolivia, Colombia, Brasil y Uruguay. El documento sostiene que desde octubre del 2019 se instaló de manera definitiva en territorio paraguayo.
La Fiscalía afirma que Marset buscó construir una imagen pública de supuesto empresario artístico mediante la firma “Mastian Productions”, creada en Paraguay en el año 2019. Según la investigación, esa estructura comercial habría servido para aparentar actividades lícitas y justificar el origen de fondos presuntamente obtenidos a través del narcotráfico internacional.
El escrito también expone que las organizaciones criminales habrían utilizado pistas clandestinas en el Chaco paraguayo para recibir cargamentos de cocaína provenientes de Bolivia. De acuerdo con la acusación, las cargas eran descargadas en establecimientos rurales ubicados en la zona de Lagerenza, en Alto Paraguay, desde donde posteriormente eran trasladadas mediante aeronaves con matrícula paraguaya hacia otros puntos estratégicos del país.
Uno de los inmuebles señalados por la Fiscalía es la estancia “San Agustín”, donde presuntamente operaba parte de la logística de acopio y traslado de droga. En el lugar, los investigadores hallaron bidones de combustible, piezas de aeronaves, adhesivos de matrículas aéreas, reflectores, radios tierra-aire, hangares y pistas no autorizadas por la DINAC. El Ministerio Público sostiene que esas instalaciones eran utilizadas para el aterrizaje de avionetas cargadas con cocaína.
La acusación refiere además que desde esos establecimientos rurales la droga era transportada en camiones de gran porte pertenecientes a empresas vinculadas al grupo criminal, entre ellas El Porvenir S.A. y Barakah S.R.L., hasta depósitos ubicados en el Departamento Central. Allí, según los investigadores, la cocaína era ocultada dentro de mercaderías legales que posteriormente eran exportadas en contenedores identificados internamente como “premio” o “premiado”.
Entre las empresas mencionadas en el esquema figuran Maxigrains, Artis S.A., Neumáticos Guairá S.A. y Guaraní Business Import & Export S.A. La Fiscalía detalla que mediante esas firmas se habrían enviado más de 17 toneladas de cocaína ocultas en cargas de harina de soja, cuero y otros productos lícitos. Parte de esos cargamentos fueron interceptados en los puertos de Amberes, en Bélgica, y Rotterdam, en Países Bajos.
El Ministerio Público sostiene que los integrantes de la organización utilizaban aplicaciones de mensajería encriptada como SKY ECC, LINE y SIGNAL para coordinar las operaciones ilícitas. En esas plataformas, según la acusación, Sebastián Marset utilizaba alias como “OMELET”, “DOR” y “FAVO”, mientras que Miguel Insfrán operaba bajo los nombres “Macron”, “Rally” y “Skoda”.
La acusación también expone que las ganancias obtenidas por el tráfico internacional de cocaína alcanzaban cifras millonarias. El documento refiere que el precio de venta de cada kilogramo oscilaba entre 20.000 y 25.000 dólares en el mercado europeo, estimándose ganancias superiores a 433 millones de dólares considerando únicamente las cargas de droga descubiertas por autoridades internacionales.
La acusación presentada por el Ministerio Público forma parte de una de las investigaciones más grandes impulsadas en nuetsro país contra presuntas estructuras de narcotráfico y lavado de activos. El caso A Ultranza Py involucra a decenas de procesados y continúa avanzando en distintas etapas judiciales ante la jurisdicción especializada en crimen organizado.
