En entrevista con PDS radio, la abogada Diana Vargas claificó como «histórica» la decisión tomada por los ministros de la Corte Suprema de Justicia duranta la sesión plenaria de este miércoles. Los mismos resolvieron no confirmar en el cargo a la exjuez de paz Analía Cibils, una de las principales procesadas en el marco de la causa conocida como «mafia de los paagrés».
Durante la entrevista, la abogada Vargas sostuvo que la resolución de la máxima instancia judicial representa una señal institucional relevante frente a hechos que, según afirmó, habrían generado un grave esquema de afectación a miles de personas mediante operaciones financieras irregulares y procesos judiciales cuestionados.
«Creo que hoy es un día histórico, porque es una decisión muy simbólica», expresó la abogada, al referirse a la determinación de los ministros de la Corte. En esa línea, afirmó que el caso expone una problemática de larga data dentro del sistema judicial, señalando que se habrían registrado volúmenes inusuales de expedientes en determinados juzgados en comparación con otros de la misma jurisdicción.
La abogada también mencionó que, según las investigaciones impulsadas desde distintos espacios, el esquema habría afectado a miles de víctimas, con expedientes que, a su criterio, evidenciarían irregularidades en su tramitación y resolución. En ese sentido, sostuvo que la decisión de la Corte podría contribuir a restablecer parcialmente la confianza en las instituciones.
Asimismo, Vargas cuestionó el tratamiento que tuvo el caso en instancias previas del sistema disciplinario, al señalar diferencias de criterio en procesos similares. Según indicó, en otros casos se habría avanzado con mayor celeridad hacia el enjuiciamiento y sanción de magistrados, mientras que en el caso de Cibils el proceso habría tenido un tratamiento más dilatado.
Por otra parte, la abogada se refirió a la continuidad de las investigaciones sobre el origen de las operaciones financieras vinculadas al esquema denunciado. Explicó que el trabajo actual se centra en el análisis documental de miles de pagarés y contratos, así como en la identificación de posibles irregularidades en su emisión y circulación.
Vargas señaló que una parte importante de las indagaciones apunta a la revisión de mecanismos administrativos de descuento salarial aplicados en distintas instituciones públicas y privadas, así como a la participación de entidades intermediarias. En ese contexto, mencionó la necesidad de fortalecer controles para evitar la repetición de este tipo de hechos.
La profesional sostuvo además que las investigaciones buscan establecer medidas de “no repetición” y eventuales propuestas de reformas normativas y administrativas que impidan la reiteración de esquemas similares.
Finalmente, reiteró que el caso habría tenido un impacto significativo en trabajadores activos y jubilados, a través de descuentos salariales que en algunos casos habrían comprometido una parte sustancial de sus ingresos, situación que, según afirmó, debe ser objeto de revisión institucional.
