La activista social María Esther Roa denunció y expuso la precaria situación en la que opera el Juzgado de Paz de La Encarnación, en el cual, según indicó, se tramitan actualmente unos 70.000 expedientes, en medio de intervenciones por denuncias relacionadas con la mafia de los pagarés.
Pasillos angostos, abarrotados de abogados litigantes, justiciables y centenares de expedientes que llegan hasta el techo, son parte del panorama en el lugar. «Humanamente, señores ministros de la Corte, ustedes son los responsables.
Setenta mil expedientes para una jueza, dos actuarias, dos ujieres, dos oficiales de secretaría y prácticamente sin computadoras», relató Roa, mostrando la pequeña oficina donde funciona el juzgado. Criticó con firmeza el escaso interés de los ministros de la máxima instancia judicial para agilizar los trámites y ofrecer soluciones a los problemas edilicios. «Este caos es sinónimo de corrupción, supura corrupción», aseveró, interpelando a los ministros de la Corte, a quienes acusó de someter a los ciudadanos a un «trato inhumano».
