La abogada especialista en Derechos Humanos, Diana Vargas presentó denuncia penal contra el Defensor del Pueblo, Miguel Godoy por exacción ya que supuestamente este último llegó a recaudar G. 2 mil millones en nombre de la objeción de conciencia, unos G. 400 mil desde 2019 hasta este año.
En comunicación con PDS radio y tv Digital, Vargas asegura que el defensor realizó todo esto por medio de una interpretación deliberada del art. 21 de la ley 4.013 que reglamenta la objeción de conciencia. Esta ley entró en vigencia en el año 2010 y establece en el artículo mencionado que para aquellos que se declararon objetores, antes de la entrada en vigencia de la ley, debían hacerlo en las convicciones de derechos humanos de la Cámara de Diputados o Senadores.
Explicó que quienes en esos años se declararon objetores, podrán hacer el servicio civil sustitutivo o abonar una contribución de cinco jornales, pero únicamente para los objetores antes de la vigencia de la ley. Sin embargo, lo que hizo Godoy fue cambiar el texto de la ley, mandando comunicaciones a las empresas cambiando el texto del art. 21.
“Con esa modificación absolutamente burda, resulta que él se puso a recaudar, en plena pandemia, en colonias menonitas y empresas, que denunciaron ante el Ministerio del Trabajo que ya se sentían muy presionadas por el Defensor del Pueblo” agregó. Sobre ello, manifestó que la Ministra Carla Bacigalupo le mandó una nota al respecto a Godoy.
Los objetores de conciencia son aquellas personas que se niegan a realizar el servicio militar obligatorio, por lo cual, el Defensor del Pueblo Miguel Godoy, les cobraba Gs. 400 mil desde poco antes de la pandemia hasta ahora.
“Lo más grave es que para poder legalizar esto que venía haciendo, impulsó un proyecto de ley, recientemente aprobado en la Cámara de Diputados, que pretende modificar estos artículos para de algún modo regularizar y alegar que esto ya estaba así. Es un círculo perfecto para pisotear la constitución y complicar la vida de jóvenes que están buscando trabajo” explicó la abogada.
Sobre el monto de dinero recaudado, comentó que no se sabe cuál es el destino y que la base de la denuncia es una contestación a un pedido de informe realizado desde el Congreso a Miguel Godoy, justamente consultándole sobre el origen de estas contribuciones. Gracias a ello, se tienen las boletas de depósito de todos los que abonaron.
“Además, es una institución que se cae a pedazos en todos los sentidos, además de la institucionalidad también la infraestructura, y eso está en evidencia en todo el país” afirmó.
