La abogada Nidia Pintos denunció públicamente, en una entrevista concedida a PDS Radio, que la causa penal abierta contra el Defensor del Pueblo Rafael Luis Ávila Macke permanece paralizada desde hace seis meses debido a que la Cámara de Diputados nunca trató su desafuero, pese a la imputación fiscal por el presunto hecho punible de desacato.
Según relató la profesional, el Ministerio Público imputó a Ávila Macke por incumplimiento de una orden judicial dictada por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, que había dispuesto la reposición inmediata de Pintos Benítez en su cargo como funcionaria permanente de la Defensoría del Pueblo.
La resolución judicial también había sido confirmada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia, tras varias recusaciones impulsadas, según afirmó, por la Procuraduría General de la República (PGR), cuya intervención calificó como inusual considerando que la Defensoría es un órgano extrapoder, ajeno al Poder Ejecutivo.
Tras la imputación presentada en mayo por la fiscal Mercedes Vera, el Juzgado Penal de Garantías de la Capital remitió un oficio a la Cámara de Diputados solicitando el correspondiente desafuero, requisito indispensable para avanzar en el proceso penal. Sin embargo, la Cámara Baja nunca incluyó el pedido en el orden del día, pese a las gestiones realizadas por la denunciante. Pintos afirmó que incluso conversó con distintas bancadas, pero que el caso “quedó congelado”, situación que atribuyó a posibles acuerdos políticos internos.
La abogada sostuvo que el incumplimiento del fallo judicial constituyó una violación directa a sus derechos como madre en periodo de lactancia y a su estabilidad laboral, ya que, según explicó, fue desvinculada de manera irregular mediante un sumario administrativo que luego fue declarado arbitrario por el Tribunal de Cuentas. “En plena Defensoría del Pueblo se violaron derechos fundamentales”, afirmó.
Consultada sobre la situación procesal del Defensor del Pueblo, explicó que mientras mantenga su investidura, no puede ser sometido a proceso penal sin desafuero. De mantenerse la parálisis en Diputados, la causa solo podría reactivarse cuando finalice su mandato previsto para el año 2026 y pierda la protección legal del fuero. Recalcó además que el tiempo para tratar el desafuero es cada vez menor debido a la proximidad del receso parlamentario, lo que dilataría el proceso hasta abril del próximo año.
Pintos cuestionó la falta de voluntad política para tratar el pedido y recordó que la acción penal es pública, por lo que corresponde al Ministerio Público insistir ante el Juzgado y este, a su vez, urgir a la Cámara de Diputados para cumplir con el trámite. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha registrado avance alguno.
La profesional concluyó señalando que el proceso se encuentra “trabado, pero no terminado”, e instó a las instituciones del Estado a cumplir con las obligaciones constitucionales y garantizar que las resoluciones judiciales sean respetadas, incluso por las más altas autoridades.
