Es lo que resaltó la Abogada Diana Vargas, especialista en derechos Humanos, agregando que toda muerte que se da en un contexto de encierro bajo tutela del estado, es responsabilidad del estado, independientemente que no lo haya hecho de manera directa.
Manifestó que el Gobierno tiene una gran responsabilidad ante lo ocurrido en el penal de Tacumbú, puesto que por más que hayan sido facciones organizadas, el estado es el encargado de mantener el orden.
“Si la justicia decide encerrarlos, debería de darse todas las condiciones para hacerlo”, Afirmó Vargas al tiempo de criticar el uso abusivo de la prisión preventiva.
La crisis del sistema penitenciario se ve instalada a consecuencia del alto nivel de hacinamiento, combinada con otros factores como la corrupción, el aumento de la presencia y el poderío determinados grupos vinculados a los crímenes organizados transnacionales y nacional, que generan mucha violencia, dijo la especialista.
Aseguro que se requiere de modificaciones legales, especialmente en el trabajo de inserción y dignificación de las condiciones de reclusión, añadió.
Resaltó la necesidad de empezar a trabajar con agentes de inserción social, funcionarios técnicos, formados en pedagogía, psicóloga y trabajadores sociales, que realmente realicen un proceso de integración social.
Por otra parte, señaló que Tacumbú es una ciudad, “no es tan fácil entrar y tener el control, y hoy día se le suman estos dos grupos que están muy fortalecidos criminalmente estando dentro o fuera de la cárcel, como el clan Rotela y PCC, por lo que ocurrió ayer pudo haber sido una catástrofe y no será la última vez que escuchemos de estos hechos si no descomprimimos las cárceles”, finalizó la doctora Vargas
