La fiscal Sandra Ávalos investiga a la abogada Noelia María Núñez Martínez en el marco de la causa Nº 2016/25, abierta por la presunta comisión del hecho punible de producción de documentos no auténticos. La pesquisa se centra en la validez de su título de abogada, expedido por la Universidad Privada del Guairá (UPG), sede Horqueta, donde habría cursado la carrera entre los años 2011 y 2015.
La controversia surgió luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) informara, mediante la Nota Nº 235/25, que dicha sede no contaba con habilitación para impartir la carrera de Derecho durante ese período. A pesar de ello, el título fue posteriormente legalizado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y permitió que la profesional obtuviera su matrícula ante la Corte Suprema de Justicia, tras prestar juramento el 05 de diciembre del 2018, según el Acta Nº 4117.
En una entrevista concedida a PDS Radio, la abogada Núñez Martínez rechazó categóricamente que exista falsificación o adulteración de documentos y sostuvo que la situación responde, en todo caso, a eventuales incumplimientos administrativos de la institución educativa. “La falta de acreditación o habilitación es una responsabilidad de la universidad, no de los estudiantes que cursaron, rindieron y pagaron regularmente sus estudios”, manifestó.
La abogada enfatizó que realizó toda la carrera de manera presencial y que cuenta con documentación, testigos y antecedentes académicos que, según afirmó, respaldan su formación y su trayectoria profesional. Añadió que ya compareció ante el Ministerio Público, donde ejerció su propia defensa técnica y material.
Según explicó, la denuncia no cuestiona que haya cursado la carrera ni que el diploma sea falsificado materialmente, sino que se basa en la ausencia de habilitación formal de la sede universitaria para ofrecer la carrera de Derecho en la época en que obtuvo el título.
Núñez sostuvo además que la acreditación de carreras por parte de organismos como el CONES y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) fue implementada de manera progresiva y que muchos estudiantes de universidades privadas se encuentran en situaciones similares, sin que ello implique necesariamente la comisión de un delito.
Durante la entrevista, la profesional defendió su idoneidad y afirmó que su desempeño no depende exclusivamente de un diploma, sino también de su experiencia y del trabajo desarrollado en favor de mujeres, niños, comunidades indígenas y personas en situación de vulnerabilidad. “Con título o sin título, voy a seguir defendiendo a las personas que confían en mí”, expresó.
La abogada también vinculó la denuncia con conflictos profesionales y con una regulación de honorarios mantenida con un antiguo cliente, a quien calificó como una persona con antecedentes cuestionables. Sostuvo que el caso tendría como finalidad desacreditar su labor y apartarla de procesos judiciales en los que representa a querellantes.
No obstante, remarcó que colaborará con la investigación y que pondrá a disposición de la Fiscalía todos los elementos que acrediten que cursó y concluyó efectivamente la carrera. La investigación deberá determinar si existen elementos suficientes para sostener la existencia de un documento no auténtico o si se trata de una irregularidad administrativa atribuible exclusivamente a la institución educativa.
