En entrevista con PDS Radio, el abogado Fabrizio Forestier se refirió a la resolución dictada en el marco del denominado caso “Arrayanes”, en el que representa a la viuda y a las hijas del fallecido Rodolfo Núñez. El profesional cuestionó el fallo de primera instancia que declaró prescripta la acción de indemnización promovida por la familia, señalando que, a su criterio, no se habrían analizado los antecedentes fácticos del proceso.
Forestier sostuvo que la decisión judicial se basó principalmente en un cómputo temporal, sin considerar, según afirmó, los incidentes procesales ni el desarrollo del expediente. Indicó que la demanda fue presentada aproximadamente 45 días antes del vencimiento del plazo que, a su entender, correspondía aplicar para el análisis de la prescripción.
El abogado explicó que previamente se realizaron trámites vinculados al reconocimiento de matrimonio aparente, apertura de sucesión y declaración de herederos, los cuales consideró necesarios para habilitar la legitimación activa en el reclamo indemnizatorio. En ese sentido, remarcó que el derecho a reclamar correspondería a los sucesores legales.
Asimismo, señaló que el proceso atravesó múltiples incidencias procesales, incluyendo recusaciones y recursos que, según su versión, habrían impactado en el desarrollo normal del expediente y en la posibilidad de dictar resoluciones en etapas iniciales. Afirmó que incluso antes de la primera providencia ya se habían planteado varias recusaciones.
Forestier también cuestionó que la resolución haya tomado como referencia una decisión posterior dictada por un juzgado interviniente en el proceso, la cual, según explicó, habría anulado una providencia previa y generado una nueva fecha utilizada para el cómputo de la prescripción.
En cuanto al fondo del reclamo, el abogado indicó que la acción civil busca una reparación económica vinculada a la pérdida de un padre y esposo, señalando que el cálculo del daño se realizó en función del impacto familiar y no como una valoración del hecho en sí. Mencionó que el monto reclamado supera los Gs. 4.000 millones, aunque aclaró que la propuesta de acuerdo formulada en etapa previa no fue aceptada por la parte actora.
Finalmente, informó que la resolución ya fue apelada y se encuentra pendiente de estudio ante la Cámara Civil y Comercial de la Capital. Sostuvo que confían en la revisión del fallo y en la consideración de los argumentos planteados en instancias superiores.
