El abogado José Fernández Zacur, defensor del Juez de Paz Gustavo Villalba, investigado en la causa conocida como «pagarés», expresó su preocupación por lo que considera generalizaciones en el tratamiento del caso por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). En una entrevista con PDS Radio, el abogado enfatizó la necesidad de analizar individualmente las acciones de cada uno de los jueces sindicados.
«No se puede meter a todos los sindicados en una bolsa, no se pueden tomar decisiones genéricas,» afirmó Fernández Zacur. «Para dar a cada uno lo suyo es necesario analizar por separado las actuaciones de cada uno de los justiciables en este caso.»
El abogado criticó las manifestaciones del ministro César Garay (JEM), quien se refirió al caso de los jueces de paz de manera muy genérica. Fernández Zacur espera que, en la sesión extraordinaria programada, los miembros del Jurado revisen las cuestiones de acuerdo a la gravedad de cada caso, conforme a los principios de reprochabilidad individual y gravedad de la materia que recoge la ley de enjuiciamiento.
Fernández Zacur también cuestionó la investigación fiscal y, en particular, la incautación del teléfono celular de su cliente. Señaló que el Juez Villalba, en reiteradas oportunidades, solicitó mediante la Corte la aplicación del expediente electrónico, lo que implica la notificación electrónica.
El abogado planteó que la incautación del teléfono celular, en el marco de investigaciones relacionadas al ejercicio jurisdiccional de magistrados, podría estar cubierta por la inmunidad de opinión consagrada constitucionalmente. Además, cuestionó la utilidad real de invadir la privacidad del magistrado sin una presunción plena de que el teléfono contenga evidencia relevante para la investigación.
«Respeto profundamente el trabajo del Ministerio de Público, eso está fuera de discusión, pero me parece que hay dos cuestiones que no se tomaron en cuenta: primero, la utilidad real de incautar teléfonos y segundo, la inmunidad del magistrado,» afirmó el abogado.
Además de ello, comparó la situación con la incautación de los dispositivos del caso del exparlamentario abatido Eulalio Gomes, donde no se cuidó la reserva de la información colectada. Si bien resalta el trabajo del Ministerio Público, deslizó una opinión crítica, haciendo referencia a las declaraciones del Ministro Víctor Ríos sobre la necesidad de evitar «safaris» de la fiscalía sin una noticia criminal directamente relacionada con los objetos incautados.
El abogado aclaró que no han planteado ni tienen previsto plantear ninguna acción legal al respecto, pero considera importante discutir la utilidad real y la necesidad de una presunción plena antes de proceder a la incautación de dispositivos electrónicos en este tipo de investigaciones
