El abogado Álvaro Arias, defensor de la exfiscal Ana Girala, realizó duras críticas contra el desarrollo del juicio oral y público en el que su clienta está procesada por supuestos hechos de corrupción y asociación criminal. Durante sus declaraciones, Arias advirtió sobre irregularidades procesales y cuestionó la imparcialidad del tribunal de sentencia.
En primer lugar, el letrado recordó que en febrero de este año ya se había recusado a la presidenta del tribunal por su vínculo con el ministro de la Corte Suprema, Manuel Ramírez Candia, quien intervino anteriormente en la misma causa. “Advertimos que no hay una competencia firme del tribunal”, expresó Arias, asegurando que la apelación a esa recusación aún no fue resuelta.
Arias también solicitó la nulidad de la acusación formulada contra Girala, alegando que la imputación original no coincide con los cargos contenidos en la acusación. Mientras que Girala fue imputada por cohecho pasivo agravado y asociación criminal, la acusación introduce otros delitos como extorsión, persecución de inocentes y cohecho pasivo simple, sin habérsele dado oportunidad a su defendida de brindar explicación previa, como lo exige el art. 350 del Código Procesal Penal.
Además, el abogado invocó el art. 347 del mismo cuerpo legal, denunciando que no existe una relación precisa ni circunstancia de los hechos que se le atribuyen a Girala, lo cual, según explicó, vulnera el derecho a la defensa.
Entre los puntos más sensibles de su presentación, el abogado pidió también la exclusión probatoria de ciertos elementos, entre ellos una pericia que, según denunció, se realizó sin la debida notificación ni participación de la defensa. “Se violaron las reglas del debido proceso”, sostuvo. Ante este cúmulo de nulidades, el abogado pidió el sobreseimiento definitivo de su clienta, subrayando que esa es la consecuencia legal cuando se admite una nulidad sustancial en el proceso.
Por otro lado, anunció su oposición a la incorporación de testigos propuestos por el Ministerio Público, señalando que estos fueron imputados y acusados en la misma causa, aunque actualmente se encuentran bajo un régimen de suspensión condicional del procedimiento. Según argumentó, “no pueden asumir el rol de testigos mientras no se extinga plenamente su vínculo con la causa, ya que siguen en periodo de prueba”. Cuestionó la posibilidad de que una persona “tenga doble identidad: la de testigo y la de acusado al mismo tiempo”.
Arias advirtió además que, si esos beneficiados incumplen las condiciones de la suspensión, volverían a ser juzgados como imputados, lo que comprometería la validez de sus testimonios.
