El abogado Bernardo Villalba, quien asumió la defensa del gobernador de Central Hugo Javier González, quien afronta un proceso penal en el marco de las denuncias hechas por presuntas irregularidades administrativas en su gobierno departamental, sostiene que la comisión especial que estudiará el pedido de intervención, debe acudir hasta el lugar de las obras que supuestamente no existen y que no dictaminen solo con base a papeles. Indicó que según su criterio “se está haciendo muchísima injusticia con una persona extraordinariamente noble como lo es Hugo Javier”, y que para él es todo un desafío como profesional abogado.
Agregó que para un abogado es muy difícil defender a una persona inocente, “ya que esta persona no entiende por qué tiene un problema ni por qué tiene que defenderse” y que es la situación por la cual está atravesando González. Acotó que le convenció a su cliente para socializar el problema.
Mencionó que en la fecha se constituyó a la Cámara de Diputados a los efectos de intentar una noticia cierta respecto a las documentaciones de las denuncias y los puntos que eventualmente podrían ser tratados en el caso de que se apruebe la intervención, a los efectos de poder contestar dichos cuestionamientos. Resaltó que lo que buscan es que todo salga a luz y que no quieren que la comisión especial que debe estudiar el pedido “se acobarde y que no quiera enfrentar la verdad, sino que todo lo contrario, que tengan suficiente coraje”.
En ese sentido señaló que espera que la comisión de Diputados no analice la cuestión basándose solo en los papeles presentados, sino que acudan a verificar si realmente se hicieron o no las obras, y que se haga una avaluación para demostrar que el valor de las obras coinciden con las rendiciones de cuentas presentadas por el gobernador ante la Contraloría General de la República.
Señaló que la situación en la que se ve envuelto su cliente en una campaña mediática, sostiene que su cliente quiere ser echado de la gobernación de central, para que sea tomado como un botín político la institución en un año electoral, y que el objetivo principal es utilizar el presupuesto para fines eminentemente electorales.
