Respecto al supuesto falseamiento de datos para la realización de la imputación contra el Intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, el abogado Guillermo Ferreiro afirmó a PDS Radio que existió producción y uso de documentos de contenido falso para sustentar una imputación contra su defendido, ya que, según el abogado, el Ministerio Público no contaba con pruebas que pudieran sustentar el acta.
“No había nada con qué imputarle a Prieto y entonces falsificaron documentos para presentar algo más o menos sostenible y pedir la medida cautelar que solicitan, que es el arresto domiciliario y la prohibición de comunicarse con funcionarios municipales, al único efecto de sacar a Prieto de la intendencia” agregó.
Ferreiro explicó que el acta de imputación refiere, en la parte de los fundamentos, que varias personas beneficiadas no residían en el Departamento de Alto Paraná, ni siquiera en Ciudad del Este, pero solo agregaron un nombre junto a un supuesto informe de la Policía Nacional sobre que constataron que esta persona reside en el Departamento de Itapúa. Una sola persona de 55.000 kits repartidos.
“Como teníamos el número de cédula y su nombre se le buscó a la persona y así pudimos ver que esta persona vive realmente en Ciudad del Este desde siempre, por lo que se le pidió que vaya a la Comisaría y haga su constancia de vida y residencia. Otra muestra más de otra mentira de la Fiscalía sobre la imputación a Miguel Prieto” manifestó el abogado.
Señaló que otra cosa que consta en la imputación presentada contra su representado, es que en el cheque con el que se le paga a la empresa por los bienes proveídos decía el nombre de un funcionario municipal, sin embargo, en los informes del banco dice que lo que realmente está escrito es la palabra “remisión” y es un procedimiento interno del banco para cuando hay montos importantes, por lo que ellos llaman a la Municipalidad para constatar la emisión del cheque y el monto.
En base a todo lo mencionado, Ferreiro aseguró que van a presentar una denuncia formal por la presunta comisión de los hechos punibles de producción y uso de documentos públicos de contenido falso y persecución penal de inocentes, contra los tres fiscales que firmaron el acta de imputación, que son Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia.
