El defensor del exministro de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco, abogado Ricardo Preda informó que la elevación a juicio oral y público del caso de su defendido por prevaricato es un error porque se trata de una cuestión interpretativa. Blanco y Víctor Núñez enfrentarán Juicio Oral y Público por el mencionado hecho cuando ambos eran ministros de la máxima instancia Judicial.
“Esta es una cuestión interpretativa y de hecho que, en la Sala Penal, luego de lo de Blanco y Núñez, hemos tenido fallos donde se han admitido casaciones contra resoluciones definitivas del Tribunal de Apelaciones que ordenaban reenvío. Es decir, la misma situación que Blanco y Núñez”, expresó Preda.
El mismo resaltó que esto se trata de una cuestión interpretativa y que teniendo eso en cuenta, es inadmisible hablar de la existencia del prevaricato.
“Si vamos a comenzar a castigarle a quienes no comparten mi interpretación de una norma, bueno, estamos ante la dictadura de quienes ejercen la persecución penal. Si un juez no concuerda con tu argumento, te va a acusar nomás de prevaricato, eso ya es llevar al extremo”, agregó.
Preda explicó que le plantearon al juez la posibilidad de no elevar el caso a juicio oral y público porque lo puede solucionar evaluando si los hechos se subsumen o no en el hecho punible de prevaricato. “El juez creyó que realizar ese análisis es materia de juicio oral. Él tampoco dijo que es prevaricato, sino que dijo que no tiene la facultad de hacer ese análisis”.
El abogado indicó que ofrecieron como pruebas concretas el testimonio de un integrante de la Sala Penal que sostuvo que es admisible la casación contra una sentencia definitiva que ordena un reenvío y un informe de la Corte Suprema de Justicia de todos los casos donde hubo votos a favor de la admisión de la sentencia que ordenaban un reenvío.
“Él admitió todas las pruebas que nosotros ofrecimos a pesar de que el Ministerio Público se opuso a ello”, puntualizó.
El letrado aseveró que analizan la posibilidad de promover un recurso de apelación porque consideran que la elevación a juicio oral y público es un error da parte del juez que alegó no estar en condiciones de analizar si se subsume o no en un hecho punible.
“Yo creo que un juez de garantías, en la etapa intermedia, está facultado para decir si se encuadra o no en un tipo penal”, sentenció.
EL CASO. En el año 2016, los fiscales René Fernández, Luis Piñanez y José dos Santos habían presentado la imputación contra los citados ex ministros de la Corte y en noviembre del 2018, el juez Miguel Tadeo Fernández admitió la imputación. Actualmente, el fiscal que lleva el caso es Francisco Cabrera.
El caso del presunto prevaricato deriva en una denuncia de Peter David Kennedy, quien fue condenado en primera instancia por apropiación, lesión de confianza, abigeato y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio oral.
La defensa de Kennedy y la querella por parte de la ganadera Douglas S. A, había presentaron recurso de casación ante la Sala Penal, donde la ministra Alicia Pucheta declaró inadmisible el mencionado recurso, que ordena un nuevo juicio oral y no da por terminado el proceso. Blanco sí admitió la casación y redujo la pena de Kennedy de 6 a 2 años y medio de prisión, solo por el hecho de lesión de confianza. Víctor Núñez se adhirió a este voto.
Tras una investigación de los fiscales de la unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción habían investigado todos los votos de Blanco y efectivamente, en 123 casos similares al de Kennedy votó por la inadmisibilidad y reenvió para un nuevo juicio, por lo que se dedujo que cambió drásticamente el sentido de su resolución en este presente caso.
