El abogado Claudio Lovera, quien defiende al exdirector de la Dinac Edgar Melgarejo, afirmó ayer en el programa “Por el imperio de la ley”, que el proceso por la compra sobrefacturada de tapabocas se extinguió con la devolución de los G. 119 millones a la Dirección de Aeronáutica Civil.
Lovera refirió que el artículo 25 del Código Procesal Penal (Motivos de la extinción) en su inciso 10 refiere claramente que “en los hechos punibles contra los bienes de las personas o en los hechos punibles culposos, por la reparación integral del daño particular o social causado, realizada antes del juicio, siempre que lo admita la víctima o el Ministerio Público” se da la extinción.
El letrado explicó que en este caso la persona jurídica, Dinac, no sufrió ningún daño en su patrimonio desde se devolvió la suma de G. 119 millones que se pagó por los tapabocas. Aclaró que el perjuicio estimado por la fiscalía fue solo de G. 59 millones.
Para Lovera el proceso se tiene que cerrar y en este caso la fiscalía no tiene nada que objetar por que además del acuerdo con la Dinac hay un dictamen de la Procuraduría General, que ratifica la institución afectada no tiene nada que reclamara a los imputados.
Al ser consultado con respecto al daño social, puntualizó que se da en el caso de los intereses difusos como por ejemplo en los hechos punibles contra el medio ambiente en donde la fiscalía representa a la sociedad. Insistió que en este caso hay una persona jurídica, que es la Dinac, la cual ya dijo que no tiene nada más que exigir a los procesados.
Los procesados en esta causa que investiga el hecho punible de lesión de confianza mediante la compra sobrefacturada de tapabocas del tipo N95 son el exdirector de la Dinac, Edgar Melgarejo, el exgerente financiero de la institución, Juan Carlos Turitich Báez; el excoordinador de la Unidad Operativa de Contratación, Marcelo Ovelar González (hijo del juez Elio Ovelar), el administrador del aeropuerto Silvio Pettirossi, Fernando José Gallardo de Brix, y la Lic. Luz Chamorro Báez. Además están procesados Katherine Pamela Toñánez y Carlos Franco Vargas, propietarios de Proyectos Global SA, que proveyó las mascarillas N95 a G. 29.900 cada una. En su imputación la fiscalía habló de una organización criminal.
Más plazo para investigar
Por otro lado, los camaristas Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y José Agustín Fernández hicieron lugar a la prórroga extraordinaria que pidieron los agentes fiscales Susy Riquelme y Juan Ledesma, quienes argumentaron la “necesidad de incorporar elementos nuevos que surgen de las diligencias que ya fueron realizadas y otras que no han podido ser efectuadas por razones que escapan a la voluntad de la Fiscalía”, en atención a la complejidad de la investigación. Sin embargo, la investigación no es grande considerando que el presunto perjuicio fue solo de G. 59 millones.
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