El abogado Horacio Fialayre, defensor de uno de los imputados en el caso conocido como la “Quema de Colorado Róga”, expresó su profundo desacuerdo con la reciente resolución del Tribunal de Apelación Penal que ordena un nuevo juicio oral. En entrevista con PDS Radio, Fialayre calificó la decisión como “política” y no ajustada a derecho, subrayando que tras un año de juicio y más de 300 horas de pruebas audiovisuales, no se demostró la comisión de ningún hecho punible por parte de su defendido.
“La resolución de la Cámara no se ajusta a derecho. Fue una decisión política, no jurídica”, afirmó categóricamente el abogado, quien aseguró que el proceso en primera instancia fue exhaustivo y concluyó con una sentencia absolutoria basada en la inexistencia de pruebas concretas contra los imputados.
Fialayre cuestionó la legitimidad del fallo del Tribunal de Apelación, argumentando que los magistrados no revisaron adecuadamente las pruebas antes de revertir la sentencia. “¿Ellos vieron las 300 horas de video? ¿Analizaron lo que se presentó? No. Simplemente tomaron una decisión política. Y eso es lo indignante”, criticó.
Durante la entrevista, el abogado defendió el desarrollo del juicio oral original, destacando que ni siquiera la Fiscalía pudo individualizar con precisión la participación de los acusados en los hechos, pese a disponer de abundante material audiovisual. “Nosotros defendimos hechos punibles, no posturas políticas. Y el Tribunal dictó sentencia sobre hechos, no sobre ideologías”, afirmó.
Fialayre también denunció un sesgo político en la selección de los acusados, quienes, según él, pertenecen a partidos de oposición, mientras que quienes fueron captados en video iniciando el incendio dentro del edificio de Colorado Róga ni siquiera fueron imputados. “Esos nunca fueron investigados. Pero sí los que estaban afuera, que son de otro signo político. ¿Por qué?”, cuestionó.
Respecto a los pasos a seguir, el abogado indicó que se encuentra analizando junto a los otros defensores la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad o un recurso de casación contra el fallo. “Vamos a hacer algo. No podemos permitir que se juegue así con el derecho”, sostuvo, aunque aclaró que aún no han sido notificados formalmente.
