El abogado Carlos Laconich presentó una grave denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, al advertir sobre la existencia de un presunto esquema dentro del Poder Judicial que estaría manipulando y borrando antecedentes crediticios de personas con múltiples demandas e inhibiciones registradas.
Durante su declaración pública, Laconich relató que, tras solicitar informes crediticios oficiales mediante el sistema habilitado por la Corte, con un costo de Gs. 44.000, los datos entregados carecían de antecedentes negativos, a pesar de que en el mismo sitio web institucional figuraban al menos tres inhibiciones y cerca de diez demandas contra la persona consultada.
“Esto es una vulneración del sistema, una alteración de datos informáticos relevantes para cualquier tipo de prueba. Se le está dando oportunidad a gente con antecedentes de inhibición a seguir operando con casas crediticias y particulares, estafando a la ciudadanía”, denunció Laconich.
Además de ello, el abogado aseguró que, al consultar directamente con los juzgados correspondientes, los mismos actuarios judiciales se mostraron sorprendidos, ya que los expedientes simplemente habían desaparecido del sistema electrónico. Solo se encontraron aquellos con anotación de inhibición, mientras que el resto de las causas judiciales habían sido borradas digitalmente sin explicación alguna.
Laconich considera que el caso no es un hecho aislado, sino un modus operandi sistemático dentro del Poder Judicial. “Esto no es un error, es un sistema que ya está operando. No es un caso único, hay más”, afirmó, exigiendo una auditoría urgente de la Dirección de Tecnología de la Información de la Corte Suprema.
Según sus declaraciones, esta supuesta adulteración de datos no solo representa una amenaza al sistema de justicia, sino también al mercado crediticio, ya que permitiría que personas morosas o judicializadas puedan continuar operando comercialmente, vendiendo y comprando bienes sin restricciones y engañando tanto a instituciones financieras como a particulares.
“No es válido, es falso, están adulterando los informes. Lo más grave es que fueron borrados expedientes enteros del sistema judicial. Eso es un delito demasiado grave”, concluyó. El abogado anunció que llevará el caso al Ministerio Público y solicitará la participación ciudadana para exigir transparencia.
