En una entrevista concedida a PDS Radio, el defensor público Alcides Sotelo reveló los pormenores de un preocupante caso que evidencia las falencias del sistema judicial paraguayo. Su defendido, recientemente absuelto en un juicio oral por falta de pruebas, estuvo privado de su libertad durante tres años, acusado de un robo agravado que nunca se logró probar.
“El hecho ocurrió en 2021, pero mi cliente fue detenido recién en 2022 y quedó preso desde entonces hasta el juicio oral, que recién se realizó este año”, relató Sotelo.
El abogado explicó que asumió la defensa únicamente en la etapa de juicio, ya que el procesado había contado con defensa privada en la fase preliminar. “Lamentablemente, fue en esa etapa donde se debían discutir las pruebas y el abogado anterior no cuestionó elementos clave, lo que permitió que el caso avanzara a juicio”.
Durante el juicio oral, la Fiscalía no logró sostener su acusación. De los cuatro testigos convocados, dos eran policías que sólo participaron en la detención del acusado y no tenían conocimiento del hecho delictivo. Las otras dos eran víctimas del asalto, quienes no pudieron identificar con certeza al agresor ya que los responsables llevaban cascos. “Una de ellas dijo que podría ser él, basándose en una foto sacada de Facebook. Eso fue todo”, afirmó Sotelo.
El defensor público cuestionó duramente la acusación fiscal: “El reconocimiento de personas tiene un procedimiento legal específico que no se respetó. Se utilizó una impresión de una red social, lo que viola los artículos 229 y 230 del Código Procesal Penal. Aun así, la Fiscalía acusó y el juez de garantías permitió que la causa siguiera adelante”.
Sotelo también apuntó a problemas estructurales del sistema: “Hay una gran mora judicial. En Itapúa, los juicios orales pueden tardar hasta dos años en concretarse después de la audiencia preliminar porque hay pocos tribunales de sentencia y están completamente saturados. De los ocho tribunales que deberían funcionar, actualmente sólo operan dos efectivamente”.
Finalmente, el fiscal que participó del juicio solicitó la absolución del acusado ante la falta de pruebas y la sentencia ya quedó firme. El afectado, según adelantó Sotelo, estaría preparando una demanda civil por daño moral contra el Estado.
“Es muy grave que alguien esté preso tres años y luego sea absuelto porque nunca hubo pruebas. Este caso merece una reparación y una profunda reflexión institucional”, concluyó el defensor.
